Una inversión de 750 millones en riesgo

Petronor ve complicarse su proyecto de una planta de coque, una inversión de 750 millones de euros. El Ayuntamiento de Muskiz no concederá ninguna licencia municipal hasta que la empresa tenga aprobado el estudio de impacto ambiental que tramita el Gobierno vasco. Y, aun contando con este permiso, el consistorio será escrupuloso en el cumplimiento de toda legalidad y "apuraremos los plazos legales", afirma a EL PAÍS el alcalde Gonzalo Riancho (EA).

La empresa intenta impulsar desde 2005 un proyecto que considera clave

Petronor -cuya instalación en Muskiz es la segunda planta de mayor capacidad de refino del petróleo en España- intenta desde hace más de tres años disponer de esta planta para eliminar los residuos de refinería. Sus responsables han reiterado que son un grave problema para la compañía, hasta el punto de han llegado a vincular el tratamiento de estos residuos a la permanencia de la refinería en Muskiz. La planta proyectada transforma esos desechos en coque, una sustancia muy utilizada por las cementeras como combustible y que apenas se produce en España, donde se importa cerca del 80% del consumo.

Pero al movimiento vecinal de protesta se ha unido la nueva corporación, presidida por EA, partido contrario al proyecto. El nuevo alcalde ya intentó promover una consulta popular, que se frustró. Hace dos semanas el pleno aprobó una moción en la que se acordó no conceder ninguna licencia a Petronor relacionada con la planta de coque "siempre que se cumplan las garantías legales". La coletilla se debe a que el ayuntamiento, ante cualquier permiso para una obra, debe actuar de forma reglada: tiene que concederla si se cumple la legalidad. "Tengo muy claro que no tomaremos ninguna decisión que sea ilegal. Pero, ante la preocupación que hay en el pueblo ante el proyecto, seremos escrupulosos", dice el alcalde.

Riancho asegura que el ayuntamiento agotará los plazos para las alegaciones "para que la gente conozca bien el proyecto". El primer edil dijo que las dos únicas licencias concedidas la anterior legislatura a este proyecto (un movimiento de tierras y el desmantelamiento de tanques) serán también revisadas.

El PSE, que es el socio de gobierno de EA en Muskiz, no respaldó la denegación de licencias y defiende el proyecto. "Propondremos que se concedan siempre que venga en las debidas condiciones", indica su portavoz Fernando Martín. "No podemos estar en contra de la industria".

Petronor, que el 29 de noviembre mostró el proyecto a la corporación, está resignada a un nuevo retraso del proyecto, aunque mantiene el convencimiento de que dispondrá de las autorizaciones. "No pueden oponerse si todos los trámites está bien", dice un portavoz. "El Ayuntamiento podrá demorar las obras pero no tiene argumentación legal para impedirlas", señala. Petronor habla ahora del inicio de los trabajos -que durarían dos años- después del verano. En julio pasado, Antonio Brufau, el presidente de Repsol YPF -la matriz de Petronor- anunció que esperaba iniciar la construcción de la planta en el primer trimestre de 2008.

"No es nada grato emprender un proyecto con la oposición vecinal", sostiene Petronor. ¿Y la posibilidad de desistir? "No hay ningún planteamiento para echarnos para atrás", responde. De momento deberá esperar a la declaración de impacto de la consejería de Medio Ambiente, que en 30 años sólo ha denegado un proyecto industrial, el parque eólico de Ordunte.