Fe de errores

Las normas internas de este periódico exigen que los errores cometidos en sus páginas sean subsanados lo más rápidamente posible y sin tapujos. Y encarga esa tarea de una manera muy especial a los responsables de cada área informativa. Las Fe de errores que publica el diario en la sección de Opinión, al final de Cartas al director, recogen algunas de ellas, no todas. En los últimos cuatro meses, el periódico ha publicado una media de 12 fe de errores al mes. Hay errores inapelables, que se suelen corregir en cuanto se detectan, y otros inducidos por fuentes perfectamente identificadas en las informaciones que facilitan datos que luego son rebatidos por fuentes oficiales. Esto plantea la necesidad de contrastar todas las informaciones, aun cuando la fuente de origen sea relevante. Es obvio que así se da pie a la polémica sobre si es imprescindible contrastar todas las informaciones públicas. Pero el manejo de la información que pueden hacer las fuentes, por muy identificadas que estén, hace que cada día el trabajo deba ser más exigente. Veamos un caso.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en una amplia carta dirigida al Defensor expone una serie de "informaciones incorrectas" y otras que califica de "totalmente falsas" producto, en su opinión, de falta de rigor y de no cumplir las normas que impone el Libro de estilo. En dos de los casos citados, las informaciones cuestionadas aparecían bajo titulares contundentes: "La Seguridad Social no reconoce muertes por dolencia laboral" y "La crisis obliga a cerrar 40.000 agencias inmobiliarias en un año".

En el primer caso la información se atribuía a Joaquín Nieto, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, y en el segundo, al presidente del consejo estatal de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Santiago Baena.

En su carta, Octavio Granado rebate ambas informaciones. En el primer caso da las cifras de las pensiones de viudedad y orfandad que abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social derivadas de muerte por enfermedad profesional, y que avalan lo inexacto del primer titular. El periódico publicó media columna para rectificar la información, texto que al secretario de Estado le pareció, entre otras cosas, insuficiente.

En el segundo caso -la desaparición de 40.000 agencias y 100.000 puestos de trabajo en actividades inmobiliarias durante 2007-, las cifras de la Seguridad Social eran muy distintas. A 31 de diciembre de 2007 figuraban como afiliados a ese sector dentro del régimen general 182.686 trabajadores por cuenta ajena, 16.017 menos que hace un año. "Aún reconociendo que puede haber una parte de economía sumergida, parece exagerado que frente a los 16.017 trabajadores que, según nuestras estadísticas se han dado de baja en este sector, se hayan perdido 84.000 empleos más que estaban en la economía sumergida", afirma en su carta.

La cifra de 100.000 empleos perdidos en el sector inmobiliario apareció dos días después en un editorial del diario, pese a que el autor de la información había sido advertido de que los datos facilitados por el consejo estatal de las API no eran fiables. Esa información nunca llegó a la sección de Opinión y ahora se corre el riesgo de que ese dato, con una cifra tan redonda, se haya convertido en un hecho contrastado.

Granado afirma también que la confusión entre Seguridad Social, responsable del sistema de pensiones, y la sanidad pública, competencia de las comunidades autónomas, es frecuente y reiterada. Es un error tan manifiesto que no merece comentario.

No puedo estar más de acuerdo con la reflexión final de este lector que ocupa un alto cargo en la Administración en el sentido de que los libros de estilo no deben ser mera retórica y que el derecho a la información de los lectores exige a los periodistas contrastar las informaciones y distinguir entre hechos y opiniones. Contrastar informaciones parece una tarea fácil y, a veces, lo es. Una simple llamada telefónica permite contrastar datos y poner los hechos en perspectiva. Pero no siempre es así. La transparencia informativa no abunda, y tampoco en la Administración del Estado, lo que no es una excusa para los errores.

Sobre las opiniones de los periodistas, el Defensor recibe periódicamente correos y llamadas de lectores ofendidos por los contenidos de algunas columnas en las que, por ejemplo, se critican determinadas políticas del Gobierno de Israel. Esos lectores se quejan de que en algunos casos se desborda el ámbito de la crítica política para incurrir en un abierto antisemitismo. Sólo puedo decir que la opinión es libre en este diario y que la obligación del periódico es separar claramente los ámbitos de la información y la opinión con exclusión, obviamente, del racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de odio étnico o religioso. Es responsabilidad de la sección de Opinión dar cauce a la pluralidad y acoger a las voces discrepantes. El Defensor intenta ajustar su tarea a su estatuto y al Libro de estilo, que es, simplemente, el código interno de la Redacción.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonear al número 91 337 78 36.