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La LOU y los profesores

La universidad española ha experimentado un cambio rápido y profundo desde que se inició la transición democrática. Tras un período de decadencia y estancamiento, las infraestructuras y el profesorado recibieron una gran atención en materia de inversiones. La sociedad era consciente de que para mejorar el nivel de vida era necesario transformar la enseñanza superior y la investigación. La responsabilidad de la universidad en las sociedades que quieren y buscan el progreso material es enorme. Estas instituciones se encargan de formar el capital humano, tienen la obligación de transmitir conocimiento, impulsar la formación continua y realizar investigación de base y de vanguardia; y, en estas circunstancias, es más que razonable que se estipulen criterios y medidas que valoren la actividad docente e investigadora del profesorado universitario. En estos 30 años, la universidad, junto al CSIC, viene realizando más de las tres cuartas partes de la formación y la investigación que se viene realizando en España.

Los universitarios van a seguir siendo poco valorados socialmente tras la reforma de la ley

Este proceso ha tenido lugar mediante un creciente aumento del personal que desarrolla su actividad laboral en la universidad. Las sucesivas reformas llevadas a cabo por los Gobiernos que se han sucedido desde fines del siglo XX han conducido a los establecimientos de educación superior a situaciones confusas y a consolidar figuras de profesorado muy divergentes. A las clásicas del funcionariado, se le añadieron diferentes situaciones que, con nombre distinto en cada una de las reformas que se sucedieron han tenido como resultado el nacimiento y la consolidación de un nuevo grupo de penenes, en el que el común denominador es la inestabilidad y la desigualdad respecto al profesorado funcionario. A todo ello se suma una pérdida de poder adquisitivo general y la degradación de la condición del profesorado, tanto más si se compara con el profesorado de países como Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda o las naciones escandinavas que son miembros de la Unión Europea.

En un marco negociador en el que los sindicatos proponían un proceso de acreditación basado en los méritos alcanzados a lo largo de un periodo razonable (8-10 años para Titular de Universidad desde el inicio de la actividad docente investigadora; 10-12 para Catedrático de Universidad), el establecimiento de una carrera profesional basada en la promoción por méritos en el mismo puesto de trabajo y una equiparación salarial respecto a los cuerpos de la administración equivalentes, la modificación de la LOU ha aportado bien poco.

La clarificación de las figuras del profesorado funcionario, al reducir las categorías a solo dos (Profesor Titular y Catedrático) no deja de tener un valor testimonial en relación con las propuestas sindicales. Ha introducido mecanismos muy positivos para mejorar la condición de los profesores no funcionarios como es el de la acreditación sin límites de plazas -que, en esencia, supone eliminar intervenciones espúreas-, valoración no necesariamente presencial de los candidatos y baremos de puntuaciones autoaplicables. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencia no ha tenido en cuenta sus propios compromisos establecidos en la negociación previa a la aprobación de la reforma en el sistema de elección del profesorado de los cuerpos docentes universitarios.

En particular, ha establecido exigencias excesivas para conseguir la acreditación a las dos figuras del profesorado estable; en particular obligando a los profesores a acumular años de antigüedad. A favorecer el chusquerismo más que a exigir y asegurar la producción científica de calidad. En este sentido, el sistema de acreditación, con ser positivo genéricamente, sigue siendo una reforma que implica un reducido estímulo para la producción científica y de mejora de los sistemas docentes. Tampoco reconoce el esfuerzo individual que muchos profesores están realizando y parece traslucir una falta de interés y compromiso político con una institución que debe preparar a nuestros conciudadanos a (sobre) vivir en la sociedad del conocimiento.

Pareciera que el ministerio ha respondido mucho más a las presiones de la CRUE (Conferencia de Rectores) que a las reivindicaciones históricas del colectivo docente e investigador. En estas condiciones, buena parte de las expectativas abiertas con la reforma de la LOU se han visto frustradas.

En consecuencia, el personal que trabaja en las universidades públicas se considera defraudado por la nueva ley. Sin duda esto tendrá efectos negativos sobre la formación de capital humano, y sobre el sistema de innovación, generación y transmisión de conocimiento; es decir, en el futuro de la sociedad española. Si a ello le unimos que las administraciones no quieren invertir adecuadamente en el sistema de educación superior, la conclusión es que, para los políticos, la enseñanza universitaria no parece tan importante como herramienta que nos saque del monocultivo urbanístico y nos lance hacia el futuro globalizado de la sociedad del conocimiento y la innovación.

El profesorado va a seguir siendo un grupo poco valorado socialmente, peor remunerado que sus homólogos europeos y muy alejado de las condiciones que estos tienen en sus sistemas nacionales de investigación. La descapitalización de la universidad española parece consolidarse y las expectativas que había levantado la reforma de la LOU, en lo que se refiere a mejorar las condiciones de trabajo y de carrera docente del profesorado, han quedado, nos tememos, de nuevo, frustradas.

Just Bayle es profesor titular de Biología Marina y secretario general de UGT de la Universidad de Alicante. Javier Vidal es catedrático de Historia e Instituciones Económicas y secretario de Relaciones Institucionales de UGT de la Universidad de Alicante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 31 de enero de 2008.