La Generalitat 'congela' 70 plazas de educadores

M. (nombre ficticio) es una joven madre desolada. Con dos hijos, uno autista y otro mayor con Síndrome de Asperger, no puede más. "Esta madre vive con el miedo de que su hijo mayor, que es una lumbrera, provoque una situación tensa en el instituto, en el momento menos pensado", explica Pilar Paniagua. "El director matriculó a este niño en primer ciclo de ESO contando con la autorización de la Consejería de Educación para enviar un educador a tiempo completo". Y cinco meses después, sigue sin llegar.

En la misma situación se encuentran medio centenar de colegios valencianos, a los que desde septiembre se deberían de haber incorporado 70 especialistas (entre educadores especiales, fisioterapeutas y educadores de infantil) para cubrir sustituciones y puestos de nueva creación. Pero Hacienda, de quien pende la autorización presupuestaria, mantiene congelada una partida 1,4 millones de euros para cubrir estas plazas.

El caso valenciano es único entre las autonomías con competencias educativas desde 1984. Mientras Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha han modernizado la ley para que los funcionarios de la Consejería de Administración Pública que trabajen específicamente en centros docentes fueran transferidos a la de Educación; la Comunidad Valenciana sigue sin una ley integral de educación especial (lo que afecta a 1.500 profesionales), 1.000 de los cuales han firmado ya una protesta contra esta situación obsoleta.