Acción Social duplicará el presupuesto del servicio de bienestar en cinco años

El sistema de servicios sociales reclama fondos. El modelo, sustentado en el Servicio Galego de Benestar (Sigaben) y arropado por la ley anunciada el 15 de enero por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, pretende competir a largo plazo en presupuesto, pese a las distancias, con Sanidad y Educación, para dar cobertura a una población dispersa y envejecida. Con 300 millones de euros en 2008, un 21% más que el año anterior, la Dirección Xeral de Acción Social concentra el 75% del presupuesto de la Vicepresidencia de la Xunta al completo. Lejos de quedarse en esa cantidad, su responsable, Bieito Seara, anuncia que será necesario seguir creciendo a un ritmo próximo al 25% anual para superar los 700 millones de euros en cinco años.

Prestaciones, residencias y transporte, ejes del modelo de bienestar

La ingente cantidad de recursos necesarios para la asistencia social está en el origen de la ley que Vicepresidencia llevará este año al Parlamento, que obligará a la Xunta a dedicar un 7% de su presupuesto a los servicios de bienestar. El objetivo es crear ese sistema de bienestar en Galicia, donde cada ciudadano contará con un asistente social de cabecera, un historial y una tarjeta de identificación. Bieito Seara asegura que "en unos 20 años", el Sigaben "gestionará más recursos que Sanidad o Educación", pese a que hoy multiplican por diez los de Acción Social. En Galicia, la autonomía con más hogares subsidiados (68,7% del total), hay en la actualidad 200.000 discapacitados y 577.747 personas mayores de 65 años, casi el 20% de la población.

"Por lo general, uno va al médico de forma puntual. El servicio de bienestar es universal: lo necesitan tanto jóvenes como mayores y además, a partir de 65 años, se puede estar hasta 30 años dentro del sistema", explica. Otros factores encarecen el modelo: el envejecimiento de la población y su dispersión, que dificulta la aproximación de los servicios al usuario. "Habrá que cambiar la política del ladrillo por la social", asegura Seara, en referencia a las inversiones en infraestructuras del transporte.

La puesta en marcha del Sigaben se basa en tres pilares: la creación de centros propios, las prestaciones económicas y el transporte adaptado, para trasladar a los usuarios a los centros residenciales. La inversión será especialmente significativa en los primeros años. "Hay que invertir en dotaciones", precisa Seara. "Descontados sueldos, en cinco años competiremos en presupuesto con el sistema educativo y con el sanitario", insiste.

Las prestaciones supondrán un gasto de 60 millones de euros en 2008, que se incrementará hasta 2015, cuando la Ley de Dependencia esté definitivamente implantada. Se basan en tres pagas: a cuidadores no profesionales (507 euros), a los dependientes sin residencia de referencia (800 euros) y a asistentes personales (1.300 euros). A la creación de centros propios se destinarán 60 millones entre 2008 y 2009. Se trata de 55 centros de día, 15 de ellos ya abiertos, para un total de 2.000 plazas y bajo la gerencia del Consorcio de Servicios Sociales, y de cinco residencias, bajo la tutela de la empresa pública Sociedad Galega de Servicios Sociais, participada por la Xunta, Caixa Galicia y Caixanova, y que contarán con 1.025 plazas. El transporte adaptado requerirá 30 millones anuales a partir de 2009.

La financiación no será exclusivamente autonómica. La Ley de Dependencia plasma la implicación de distintas administraciones en los servicios mediante el copago. La ley establece un baremo por el que el coste del servicio se divide en tres partes iguales entre usuario, Estado y comunidad autónoma, aunque el bajo nivel de renta de los gallegos, donde abundan pensionistas y rentas inferiores a 600 euros, exentas de pago, dejan la media del usuario en el 15%.

Esa es la razón por la que Vicepresidencia firmó en enero con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, 51 millones de euros adicionales para servicios sociales. Otro ejemplo de implicación de varias administraciones es la futura ley gallega de servicios sociales, que también exigirá a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que destinen el 7% de su presupuesto a bienestar.