La enmienda de Ibarra

El pasado sábado, Rodríguez Ibarra, ex presidente socialista de Extremadura, defendió una enmienda al programa electoral de su partido por la que se excluía cualquier negociación con ETA si no existía una disolución previa de la banda, y se asumía el compromiso de, en todo caso, condicionar el inicio de un posible nuevo proceso de diálogo con la banda a la existencia de un acuerdo con el principal partido de la oposición. La enmienda fue negociada y convertida en una anodina propuesta que apenas comprometía a nada.

Tal vez era arriesgado plasmar en el programa obligaciones cuyo cumplimiento depende de circunstancias hoy desconocidas, pero la propuesta de Ibarra tenía el mérito de incitar al debate, que sigue pendiente en el PSOE, sobre el balance del fracasado intento de final pactado de ETA. El PP sostiene que ese balance es muy negativo: que interrumpió una situación de descomposición y falta de expectativas que hubiera conducido a la extinción de ETA; y que la presencia de ANV en los ayuntamientos demuestra que su entorno ha salido fortalecido. El Gobierno, por su parte, niega tales conclusiones, pero no ofrece un balance alternativo. Su respuesta se reduce básicamente a reprochar al PP que siga utilizando el terrorismo en la confrontación política.

PP y PSOE se acomodaron, por razones diferentes, a la ruptura del consenso contra ETA

La incapacidad para ofrecer explicaciones claras es un punto débil de este Gobierno

Es cierto que la desmesura de muchas de sus críticas ofrece coartadas al Gobierno para esquivar la rendición de cuentas. Pero también que una cierta incapacidad para ofrecer explicaciones claras es un punto débil de este Gobierno. Los argumentos tienden a ser sustituidos por la afirmación (o negación) enfática de algo.

El aval concedido por el Parlamento hacía depender el diálogo con ETA de una serie de condiciones, cuya valoración correspondería al Gobierno. Era lógico ofrecer ese margen de confianza en un asunto como éste, pero ello implicaba el compromiso de rendir cuentas a posteriori. Como explica Ramón Vargas Machuca en el último número de la revista Claves (enero-febrero 2008), la "delegación activa" consustancial al sistema representativo concede a los gobernantes una amplia autonomía de actuación dentro del marco legal; pero a condición de que exista la posibilidad de control y fiscalización ulterior por parte de los representados y compromiso de los representantes de responder de manera pública de sus actos: como garantía de que no harán aquello que no sean capaces de explicar.

Seguro que existieron razones para instar la anulación de sólo la mitad de las listas de ANV. Razones políticas. Pero en lugar de ofrecerlas, asumiendo la responsabilidad de haberlo hecho, se dice que fue una decisión "estrictamente jurídica"; como si no lo hubiera sido la ilegalización de todas ellas. Es posible que también haya razones que justifiquen otras decisiones que resultaron incomprensibles en su momento, durante la tregua, o incluso otras que se han conocido a posteriori, como los intentos de mantener la interlocución después de la T-4. Pero si hay razones, deben exponerse, con la única reserva de aquello que pueda afectar a la seguridad. E incluso esto último, con la condición de una información reservada a, como mínimo, el líder del primer partido de la oposición.

El balance definitivo de cada intento de salida dialogada ha dependido en gran medida de lo ocurrido tras su fracaso. El de Lizarra fue más bien negativo porque el PNV, principal interlocutor de ETA entonces, mantuvo tras la ruptura de la tregua la misma política (soberanismo, frente nacionalista) que había adoptado mientras estuvo vigente, para evitar su ruptura. Producida ésta, la nueva coartada fue que se trataba de mantener abierta la posibilidad de reanudar el proceso. Eso reforzó las posiciones de ETA, que interpretó la radicalización del PNV como prueba de la eficacia política de la violencia, y pasó a colocar en primer plano el escalón siguiente al de la autodeterminación: la territorialidad, Navarra.

Por el contrario, el Gobierno de Zapatero ha tenido interés en acreditar su voluntad de aplicar una política radicalmente distinta a la desplegada durante la tregua. Detenciones (de etarras y miembros del brazo político), ilegalizaciones, fin de la tolerancia de hecho hacia el entorno alegal. Eso ha debilitado a ETA y creado gran desconcierto en las bases de Batasuna, enfrentadas de nuevo al dilema de si les resulta rentable mantener la dependencia de la banda. Sin embargo, el balance se ha oscurecido por la retirada de Imaz. Si su línea se hubiera impuesto en el PNV habría sido evidente el balance positivo de la iniciativa de Zapatero.

El único tanto anotado por ETA ha sido la ruptura de la unidad anteriormente visible entre los dos principales partidos en este terreno. Ambos se acomodaron, por razones distintas, a esa situación que, vista desde hoy, es evidente que tuvo un efecto negativo en el proceso. Los socialistas subestimaron la importancia del consenso para disponer de un mayor margen de maniobra: en relación a los presos de ETA, por ejemplo, y también para establecer una relación menos conflictiva con las asociaciones de víctimas.

Con independencia de que figurase o no en el programa, la propuesta de Ibarra era una oportunidad para debatir estas cuestiones. Para intentar un balance no pasional de la experiencia que pueda servir de orientación para una posible nueva ocasión.

Porque a pesar del fracaso seguimos estando, como ha dicho Daniel Innerarity (El Correo, 21-1-08), en la fase que separa la derrota de ETA de su final. Tras la ruptura de la tregua de 1999, ETA asesinó a 46 personas en cuatro años; ahora ha asesinado a cuatro personas en 46 meses de legislatura. Ningún balance objetivo podrá prescindir de ese dato, ni de las consecuencias que del mismo derivan.