Un juzgado investiga un fraude de IVA de más de seis millones

El juzgado de Instrucción número ocho de Valencia investiga la rama en Valencia de una trama de casi un centenar de empresas vinculadas con la telefonía móvil, dispersas por varias provincias españolas, que en los ejercicios 2002, 2003 y 2004 defraudaron millones en la liquidación del IVA. Solo las dos empresas valencianas denunciadas estafaron a Hacienda supuestamente más de seis millones de euros. Las mercantiles son Silver Phones, SL, y Alarque Asesores, SL. La primera se constituyó en 2002 y está domiciliada en Aldaia. La segunda, en 1999 y su domicilio social está en Alaquàs. En ambas aparece la misma persona como administrador único. Este empresario, junto a otras cuatro personas, consideradas por Fiscalía cooperadores necesarios para la comisión del supuesto fraude, están denunciados. La lista se incrementará, según fuentes del caso. Estas firmas, supuestamente, defraudaron 2,4 milones de euros en 2002; 3,5 millones en 2003; y una cantidad muy inferior -348.000 euros- en 2004.

El origen de la investigación que llevó a cabo la Agencia Tributaria está en Málaga. Una vez concluida, la derivó a la Fiscalía Anticorrupción, en la Audiencia Nacional. En ella se entendió que se trataba de un asunto con pautas propias del crimen organizado, una trama que habría cometido un fraude carrusel. El caso, en la Audiencia Nacional, lo lleva el juzgado central de Instrucción número cinco, cuyo titular es Baltasar Garzón. En ese juzgado se ha quedado el núcleo duro de la supuesta trama. El fiscal anticorrupción, para hacer operativa la investigación de un asunto calificado de "enormemente complejo", ha parcelado el caso. Valencia, Málaga y otras dos provincias han recibido la parte del supuesto fraude multimillonario cometido por las empresas afincadas en ellas.

El fraude carrusel consiste en importar mercancías exentas de IVA de países de la Unión Europea y crear en España una sucesión de empresas pantalla, llamadas trucha o missing trader, hasta que los productos llegan al distribuidor, que van cobrando un IVA que no declaran. Las dos empresas valencianas denunciadas, que están registradas como pequeñas y que tienen una exigua plantilla, aparecen en distintas posiciones de la trama en cada ejercicio.