Los empleados de Morín piden la regulación de empleo

Los 20 trabajadores de las tres clínicas Ginemedex-TCB de Barcelona gestionadas por Carlos Morín han presentado un expediente de regulación de empleo para rescindir sus contratos y ser indemnizados tras la ofensiva judicial contra esos centros.

Las clínicas están cerradas desde el pasado 20 de diciembre y a los empleados se les adeudan tres mensualidades.

Francesc Campà, el abogado de Morín, explicó ayer que ha solicitado del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que investiga el caso, que se le reintegren a su cliente los más de 100.000 euros en metálico que la Guardia Civil intervino en los registros realizados en las clínicas a finales de noviembre. Ese dinero, según la defensa, debía servir para pagar las nóminas de los empleados, así como los impuestos del IVA y el IRPF.

El abogado también explicó que Morín "no tiene previsto reabrir las clínicas" y calificó la situación económica de su cliente de "crudeza económica". En este sentido, insinuó que el médico podría jubilarse tras vender el material de las clínicas. Los locales eran de alquiler.

Varapalo de la Audiencia

La Audiencia de Barcelona acordó el pasado 17 de enero la libertad con cargos de Morín; de su esposa, María Luisa Durán, y de Virtudes Sánchez Vázquez, ambas enfermeras, después de permanecer casi dos meses en prisión. En el caso de Morín, se le acusaba de los supuestos delitos de aborto, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo profesional.

Los tres autos de libertad dictados por la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona contienen un varapalo a la juez instructora, Elisabet Castelló, de quien afirma el tribunal: "no explicitó de forma clara y concreta cuáles son los datos objetivos en los que se cimenta una medida de extremada excepcionalidad y tan drástica como es la prisión provisional".

El tribunal también razona que la juez tampoco expuso en sus autos de prisión las razones por las que consideró el riesgo de fuga de Morín y del resto de acusados, ni tampoco el peligro de que destruyera pruebas si quedaba en libertad. En este sentido, la Audiencia recuerda que la Guardia Civil ya se llevó de las clínicas todo el material que supuestamente podía incriminar a los acusados, por lo que difícilmente se pueden destruir esas pruebas.

Con todo, la juez sólo acordó prisión para tres de los detenidos el 28 de noviembre. La fiscalía y la acusación particular ejercida por E-Cristians pidieron la prisión para todos.