El dueño de un teatro confiesa al juez que le pidieron 12.000 euros

Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.

Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.

Santiago Torres había levantado el martes el secreto de todo el sumario del caso. En la parte que todavía no había visto la luz (y a la que ha tenido acceso EL PAÍS) figura la declaración del dueño del teatro Martín, Vicente Gregorio. El empresario confiesa que el arquitecto Antonio Sanz, uno de los supuestos conseguidores de la trama, le pidió 12.000 euros para agilizar su licencia y convertir el teatro en un restaurante espectáculo.

Gregorio contó al juez que no llegó a pagar ese dinero porque finalmente Sanz no se lo pidió, aunque él estaba dispuesto a abonarlo con tal de conseguir la licencia. De hecho, ya había pagado 16.000 euros a Sanz por el proyecto técnico para la conversión del inmueble en un restaurante. "Sanz Escribano me llamó por teléfono y me dijo que el expediente estaba en Medio Ambiente [del Ayuntamiento de Madrid] y que en ese departamento había un retraso importante que se podía evitar pagando una cantidad aproximada de 12.000 euros. Sanz Escribano no me dijo el nombre del funcionario municipal que iba a agilizar la tramitación". Lo cierto es que, en junio, su petición de licencia le fue denegada por el Ayuntamiento. "No pedí explicaciones porque no llegué a pagar".

En el sumario hay una grabación telefónica entre Sanz y Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de impacto y análisis ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y supuesto cabecilla, en la que se alude a las gestiones sobre el teatro Martín, situado en la calle de Santa Brígida. Otro de los supuestos intermediarios, Benjamín Valledor, reconoce que pagó a Ceballos a cambio de que le agilizara licencias y señaló que le entregó en una ocasión 3.000 euros para solucionar una licencia de un local en la calle Hiruela, y otros 2.000 por uno en la calle del Mar de Oman.

Junto con Ceballos también abandonaron Alcalá Meco ayer por la tarde otros dos imputados: Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de evaluación ambiental, y el intermediario Santiago Castillo, directivo del estudio de arquitectos AC 93. Desde la garita de entrada a la cárcel se empezó a ver la silueta de tres personas, los imputados. Poco a poco recorrieron la larga recta, mal iluminada, hasta poder tocar a sus familias. A partir de ahí todo fue muy rápido.

La mujer y el hijo de Ceballos llevaban seis horas esperando en un todoterreno de gran cilindrada. El hermano no había parado de caminar durante horas, fuera del coche y nervioso, con las bolsas de plástico preparadas. La familia de Fernández de Castro y la de Castillo habían llegado cuatro horas antes. En cuanto vieron que salían por la puerta les gritaron: "¡Por aquí, por aquí!". El hermano de Ceballos le ordenó: "¡De espaldas, de espaldas!" En cuanto pudo alcanzarle, le colocó la bolsa de plástico en la cabeza y él mismo se puso otra. La bolsa tenía unos agujeros a la altura de los ojos, pero Ceballos se desorientó y caminó hacia un descampado. Fernández de Castro no se tapó. "Estoy bien. Ya hablaremos", dijo educado. Castillo se cubrió con una capucha y una bufanda. La escena estaba rodeada de flashes. Con cada fotografía, Castillo lanzaba un insulto. "Hijo puta, hijo puta", repetía. Al mismo tiempo, Ceballos no decía ni media palabra. Sólo su hermano insistía en inglés: "No comment, no comment". El hijo de Ceballos se acercó con su todoterreno, salió, apartó a un cámara, abrió el maletero y guardó una bolsa de viaje de su padre. "Vamos, papá", le dijo. Dentro esperaba su mujer, que antes se quejó del tratamiento de la prensa con su marido desde que fue detenido, a finales de noviembre. "¡Tranquilo, tranquilo... venga, vámonos!". El último en marcharse fue Castillo. Desde las ventanillas de su coche, tapadas en parte por una manta, se dedicaron continuos cortes de manga a los periodistas.

A 75 kilómetros de allí, en Soto del Real, Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; y el empresario Julián Rubén López, eran liberados a las nueve de la noche. Dos de ellos se taparon la cara. "Buitres, ¿para qué hacéis fotos?", dijo. Dentro de la cárcel quedaron otros cuatro encarcelados, que no pudieron reunir la fianza fijada por el juez ayer. Estos son Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente; Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo; y el empresario Eduardo Agustinos.

Por la mañana, el hermano de Ceballos llegó a los juzgados de Plaza de Castilla. En una bolsa de deportes llevaba, presumiblemente, la fianza de 60.000 euros fijada por el juez Torres. Tras depositar la cantidad, Prada explicó que la familia de su cliente había necesitado tiempo para reunir el dinero. "Llevan días recaudándolo. Es una cantidad muy importante para una familia sencilla", dijo Prada, aunque luego el hijo de Ceballos acudiera a recoger a su padre en un todoterreno de entre 60.000 y 90.000 euros. El resto de acusados también tuvieron que depositar las fianzas, de hasta 100.000 euros, en el juzgado de la Plaza de Castilla. A partir de ahora deberán presentarse ante el juez dos veces al mes.