"Principio de acuerdo" entre fiscal y ex ediles de Marbella

La Fiscalía de Málaga y las defensas de los ex ediles de Marbella imputados en unas 70 causas por la supuesta concesión de licencias ilegales de obra durante los años de gobierno del GIL dieron ayer un nuevo paso hacia un "acuerdo marco global" que permita que los ex concejales se conformen con la pena que les solicita el ministerio público a cambio de unas condenas por prevaricación urbanística más leves.

Los abogados que representan a los ex concejales imputados, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz, se reunieron ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga con el fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, durante más de dos horas. A la salida del encuentro, organizado a petición de las defensas, el letrado Pablo Luna aseguró que se están sentando las bases de un "principio de acuerdo" global para todos los ex ediles, cuyas situaciones particulares se estudiarían posteriormente. "Vamos avanzando, vamos muy bien", apostilló Luna, un poco menos entusiasta que cuando comenzó la negociación.

De hecho, otras fuentes de las defensas aseguraron que la negociación con Calvo-Rubio está resultando "dura". La fiscalía considera "innegociable" que las condenas pactadas que evitarían celebrar multitud de juicios, tienen que ser de prisión. El Código Penal fija penas de entre seis meses y dos años de cárcel para quienes incurran en prevaricación urbanística. Al tratarse de 70 delitos conexos, se cumplirá el triple de la pena más alta, con lo que la máxima pena a la que se enfrentarán en todo caso los ex ediles será de seis años, tanto si hay pacto como si no. El pacto abarcaría a todos los ediles de los equipos de gobierno entre 1995 y 2005.