El juez del 'caso guateque' mantiene imputado a Armada

El juez levantó el pasado martes el secreto de sumario del caso Guateque (que investiga la presunta red de cobros ilegales en la concesión de licencias municipales) y esto tiene ya consecuencias. Los 10 encarcelados provisionalmente por orden del juez Santiago Torres en los últimos dos meses podrían irse a casa pagando una fianza a partir de hoy. Así lo pedirá el fiscal del caso, César Estirado. Según fuentes de la fiscalía, si el juez acepta esa petición, los siete funcionarios encarcelados podrían salir de sus celdas si depositaran 60.000 euros. La fianza sería de 100.000 para los empresarios y el intermediario. "Al haberse levantado el secreto de sumario, parte de las justificaciones de prisión pasan a un segundo plano", explicaron en la fiscalía.

La petición, que hoy formalizará el fiscal, se conoció ayer, poco después de que declarara como imputado el viceconsejero de Transportes, Luis Armada. El que fuera gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003, cuando José María Álvarez del Manzano (PP) era alcalde, defendió su inocencia ante dos licencias otorgadas presuntamente de manera irregular. Armada, ahora alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre, tuvo el apoyo del Ejecutivo regional. Para escenificarlo, acudió a los juzgados el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados.

Nada más terminar de declarar, Armada reveló las preguntas que le había hecho el juez. Lo hizo en un pasillo del edificio de los juzgados de la plaza de Castilla, sin la presencia de cámaras, a las que evitó con éxito. "Me ha preguntado por la licencia del hotel Pío XII [denunciado por la Asociación Manos Limpias, un sindicato de la ultraderecha] y por las obras de una cubierta del sótano del edificio en el que vivo [denunciado por Margarita Botija, una particular que pertenece a una asociación de vecinos de Chamartín, muy implicada contra el desarrollo urbanístico del distrito]. Le he dicho al juez que las licencias fueron impecables", relató.

La licencia del hotel Confortel, en la avenida de Pío XII, iba condicionada a otra autorización, para levantar un hospital. Pero éste nunca se construyó. "Se adjudicó con un estudio que detallaba las condiciones de la construcción", defendió Armada. Además, y según la denuncia contra el hoy viceconsejero de Transportes, Armada se habría adjudicado la licencia a sí mismo en el caso de la cubierta del sótano de su casa, un palacete en la calle de la Bola, 9 (Centro). "He entregado toda la documentación al juez", dijo confiado Armada, quien insistió en su inocencia."En absoluto ha habido irregularidades. Ninguna, ni en estas dos licencias ni en las más de 36.000 que tramité", señaló Armada. El ex responsable de las licencias en el Ayuntamiento de Madrid dijo que no veía detrás ningún interés oscuro: "Esto es algo personal como gerente municipal de Urbanismo que fui. Pero antes de mí también hubo otros gerentes". Tampoco creyó en manos negras el consejero de Presidencia y secretario regional del PP, Francisco Granados, que acudió al juzgado de plaza de Castilla para apoyar a Armada. "¿Intereses perversos? No creo. Más bien debe haber una denuncia de alguien con intereses poco recomendables", dijo, sin aludir a quién se refería. "Pongo la mano en el fuego por Armada", añadió.

Además de al viceconsejero, el juez Torres tomó declaración a otros tres imputados. Uno de ellos fue Óscar Acero, jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Él fue quien firmó el permiso para las obras del sótano de la casa de Armada. A su salida del juzgado, Acero guardó silencio. Los otros dos imputados que comparecieron ante el juez fueron Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente. Tampoco quisieron hacer declaraciones.

Decisión hoy

El juez Torres dirimirá hoy si decide la libertad con fianza para los 10 encarcelados por el caso Guateque. Si lo hace querrá decir que ya no hay riesgo de reiteración delictiva, ni de fuga, ni de que se obstaculice a la justicia, los tres supuestos por los que se decide la prisión provisional.

Los encarcelados para los que el fiscal pedirá la libertad con fianza son Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento; Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental; Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo y el intermediario Santiago Castillo Morales. Estos cuatro fueron detenidos en la primera fase de la Operación Guateque. En la segunda fueron arrestadas otras seis personas, ahora en prisión: Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente, y Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo. Los últimos encarcelados fueron los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos.