Los jueces rechazan paralizar el túnel del AVE por el Eixample
La junta de la Sagrada Familia interpreta que el tribunal "aplaza" oponerse al túnel
"No se aprecia del estudio informativo definitivamente aprobado que resulten perjuicios irreparables". La frase es uno de los argumentos del tribunal de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para denegar la suspensión de las obras del túnel del AVE que atravesará Barcelona y pasará junto al templo de la Sagrada Familia.
La dirección del templo entiende que las obras se podrán parar más adelante
El tribunal no ve que el trazado del túnel llegue a producir daños irreparables
La petición la planteó la junta constructora del templo con la pretensión final de que fuera la vía judicial la que impusiera la paralización de las obras y, en consecuencia, un cambio de trazado del tren de alta velocidad. Con esa resolución judicial, parece despejado el futuro del túnel del Eixample, cuyas obras de construcción se adjudicaron el pasado viernes.
Responsables de La Sagrada Familia alegan que el paso del tren puede ocasionar "daños irreparables" en el templo y por eso pidieron la suspensión cautelar del acto administrativo de la aprobación del trazado de 5,6 kilómetros del túnel, en definitiva, del estudio informativo que se hizo público en julio de 2007.
Y en eso se han centrado los jueces. Argumentan, en primer lugar, que la aprobación del estudio informativo "no implica la inmediata ejecución de la obra (...), no se advierten perjuicios irreparables que puedan derivar de la ejecución del acto recurrido -se refieren al estudio informativo-, existiendo, además, una razón implícita de interés general en la aprobación del estudio informativo". Es decir, que aprecian el interés general del túnel del tren. Ése fue uno de los argumentos que sostuvo la abogacía del Estado al oponerse a la paralización de la obra.
Añaden que, en todo caso, no hay ninguna situación de peligro en estos momentos "habida cuenta del más que apreciable lapso temporal que se presume hasta el inicio de los trabajos". El inicio de los trabajos está previsto para esta primavera, aunque el primer año es de preparación y montaje de la tuneladora.
Y siguiendo con ese mismo hilo, los jueces dicen que suspender el estudio informativo supondría "eliminar una obra que se estima viable y posible en su ejecución, respaldada por informes técnicos y por la declaración de impacto ambiental". Introducen, no obstante, una cautela peculiar: que el proyecto de construcción del túnel considere inviable el trazado, algo que, por otra parte, no suele ocurrir.
"En suma", relata el juez, " no se aprecia... que del estudio informativo resulten perjuicios irreparables".
El tribunal se cura en salud y señala que la cuestión, es decir, la paralización de las obras, se puede volver a plantear en un futuro: "El tribunal, en razón de las circunstancias concurrentes, considera razonable que se le informe sobre la compatibilidad entre el estudio informativo y la concreción del proyecto de construcción", concreta el auto. Y advierte de que si se produjera una incompatibilidad o "dificultad extrema", podría ser reconsiderada la medida cautelar de la suspensión. Dispone que la Administración -el Ministerio de Fomento- informe al tribunal si existe alguna modificación o problemas en la ejecución de la obra "con aportación del informe técnico correspondiente".
Es decir, que un tribunal de la Audiencia Nacional se podría convertir en algo parecido a un auditor de una obra pública. Y a ese punto es al que agarra el templo de la Sagrada Familia para interpretar que en un futuro los jueces pudieran paralizar las obras. "La Audiencia Nacional aplaza la orden de suspensión de las obras del AVE en tanto que no hay un proyecto definido", puntualiza un comunicado hecho público ayer por la junta constructora.
Para los responsables de la Sagrada Familia, el del túnel "puede considerarse inviable" cuando avancen las obras. Esta actitud contrasta con anteriores declaraciones del presidente de la junta, Joan Rigol, en las que dijo que daría por cerrado el asunto si los jueces denegaban la paralización de las obras.
Con el fallo en la mano, el Adif podrá plantear ahora la comprobación de la Sagrada Familia dentro de la revisión general de todos los inmuebles junto a los que pasará el tren de alta velocidad.
Hereu aprecia el "sentido común"
Como no podía ser de otra manera, el auto de la Audiencia Nacional suscitó reacciones contraopuestas. Un sonriente alcalde, Jordi Hereu, pareció ayer respirar más tranquilo al ver que se despejaba el camino del túnel: primero con la adjudicación de las obras y ayer, con la denegación de suspender unas obras todavía no iniciadas. "Se ha impuesto el sentido común", señaló para añadir que la suspensión cautelar del túnel "habría sido un precedente muy preocupante. Vamos mal si empezamos a parar obra pública a base de sentencias". De lo que sí se alegró fue de la petición de los jueces de estar puntualmente informados de los cambios o circunstancias de la ejecución del proyecto: "significará más transparencia porque habrá otro ámbito al que se tendrá que dar información".
Nada que ver la reacción de los tres grupos de la oposición municipal (CiU, PP y ERC). Xavier Trias (CiU) dejó claro que respetaba la decisión del tribunal pero no consideró cerrado el asunto hasta el resultado de las elecciones generales. Así, insistió en el mensaje lanzado por el democristiano Josep Anton Duran Lleida de que si CiU es decisiva para un hipotético gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una condición será cambiar el trazado.
Alberto Fernández Díaz (PP) también considera que la batalla del túnel se debe seguir planteando por la vía política. Para Jordi Portabella (ERC), el auto del juez es incompleto porque, en su opinión, sólo recoge los argumentos de los favorables al túnel.
Quienes no desisten en intentar paralizar el túnel sea como sea son los portavoces de la plataforma del AVE por el litoral, cuya demanda -en el mismo sentido que la de la Sagrada Familia- tiene que resolverse todavía.
Y en relación con la construcción del túnel, el Colegio de Ingenieros de Caminos se mostró ayer crítico por el hecho de que las obras se hayan adjudicado por el 27% menos de lo licitado. Tanta diferencia, argumentan, pone de manifiesto que el criterio prioritario es el económico.
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