Los obispos relacionan crisis, inmigración y delincuencia

Los obispos andaluces volvieron a dejar de lado ayer los asuntos espirituales para adentrarse en la política. Tras su asamblea ordinaria celebrada en Córdoba, difundieron unas "orientaciones pastorales" sobre las próximas elecciones generales y autonómicas. Los prelados no pidieron el voto para un partido concreto, sino dieron pistas nada difíciles de captar sobre a qué partidos no se debe votar. Los "criterios decisivos" para elegir la papeleta correcta son el "apoyo a la familia y al matrimonio basado en la unión entre el hombre y la mujer" y que se rechacen "los proyectos, más o menos explícitos, de ampliar la ley del aborto o de abrir el camino a la eutanasia".

Además de cargar también contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, impulsada como en el caso de los matrimonios entre homosexuales por el actual Gobierno socialista, los obispos del sur dieron otro paso más y se adentraron en caminos más tortuosos como los asuntos económicos.

El razonamiento de los prelados sobre lo que el futuro deparará no tiene desperdicio. Aseguraron que la coyuntura económica "es también motivo de preocupación" porque "las dificultades del ramo de la construcción" y otros factores van a provocar "un gran incremento del paro".

Y ese desempleo, según los sacerdotes, se cebará en especial entre los inmigrantes. "Esta situación, en una coyuntura difícil, puede dar lugar a un aumento notable de la delincuencia y de la inseguridad social", sostuvieron.

Pero los obispos se atrevieron a ofrecer algún mal augurio más: "Hay que recordar que los momentos de crisis económica se prestan especialmente a la corrupción y al crecimiento de la especulación".

Los prelados, sin embargo, no hablaron en sus "recomendaciones pastorales" del despilfarro, que hubiera completado el trío de "paro, despilfarro y corrupción" que el PP entonaba hace unos años contra el PSOE.

Ya levantaron otra polémica los obispos del sur en su anterior reunión, celebrada también en Córdoba hace justo un año. Entonces emitieron un duro comunicado contra el nuevo Estatuto andaluz, que fue aprobado con los votos de PSOE, IU y PP, en el trámite final del Congreso.