La fiscalía protegerá la intimidad de las mujeres abortistas

Los poderes públicos están obligados a proteger la intimidad de las mujeres que han abortado, siempre que no se demuestre que cometieron delito. Es una obviedad, pero algunas decisiones judiciales y la ola antiabortista, alentada por sectores conservadores, que parece vivir la sociedad española llevaron ayer a Teresa Compte a lanzar ese mensaje al tomar posesión como fiscal superior de Cataluña.

La protección de la intimidad de esas mujeres, añadió Compte, se inscribe en los valores democráticos. Y en ese camino siempre encontrarán a la fiscalía, añadió. "El fiscal no puede ser un burócrata ni un teórico, sino un servidor público en la defensa de los derechos de los ciudadanos", dijo Compte.

El combate de la multirreincidencia, la atención a las víctimas del mobbing inmobiliario, así como la persecución de los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, serán otras de las prioridades del mandato de Compte. Son prioridades que enlazan con los planteamientos que siempre defendieron sus predecesores, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena.

Pero más allá de las palabras protocolarias, lo trascendental del acto de ayer es la visualización de la descentralización de la fiscalía y su adaptación al Estado autonómico. Al igual que en Cataluña, en las otras 16 comunidades autónomas tomaron posesión los respectivos fiscales superiores. Y si esa reforma legal se ha producido ha sido, entre otras causas, por el Estatuto catalán, que ha empujado a reformar el estatuto orgánico del ministerio fiscal.

Lo recordó José Montilla, que presidió el acto en el Palacio de Justicia de Barcelona y calificó el día de "histórico". Ahora sólo falta que el poder judicial siga el mismo camino que la fiscalía, dijo el presidente, para poder desarrollar el título del Poder Judicial que prevé el Estatuto. Para ello habrá que modificar la ley orgánica y eso no será posible hasta después del 9 de marzo.

A partir de ahora, Compte está obligada a rendir cuentas de su gestión al Parlament y el Gobierno catalán podrá instar a que intervenga en defensa del interés público. "Las reflexiones de la Fiscalía Superior siempre serán una valiosa aportación que mi Gobierno tendrá en cuenta", dijo Montilla. El presidente del Parlament, Ernest Benach,recordó que avances como el de ayer no rompen la "unidad jurídica" del Estado, aunque sí se modifica algo la "rigidez" habitual de la organización judicial.