Interior entrega en las próximas 24 horas el informe que permite suspender ANV

La Unidad Central de Información (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía ha terminado el trabajo que encargó el juez Baltasar Garzón en octubre pasado a raíz de la detención de la mayoría de la cúpula de Batasuna cuando estaba reunida en un local del municipio de Segura (Guipúzcoa). Garzón pidió entonces un informe exhaustivo sobre las relaciones de Acción Nacionalista Vasca con Batasuna y ETA.

La UCI entregará las conclusiones de su investigación en las próximas 24 horas al juez, lo que permitirá arrancar el procedimiento judicial de suspensión de actividades de la formación política para la que pidió el voto Batasuna en mayo de 2007.

La investigación arranca tras una reunión de la Mesa Nacional en Segura

Desde una cuenta salieron fondos para las tres formaciones 'abertzales'

ANV, que cuenta con 337 concejales en Euskadi y otro centenar en Navarra, no ha condenado en todo este tiempo los atentados perpetrados por ETA e incluso alguno de sus dirigentes ha rendido homenaje a los dos terroristas detenidos como supuestos autores del ataque con coche bomba a la nueva terminal de Barajas, que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos el 30 de diciembre de 2006. "Las peticiones de condena a la izquierda abertzale buscan más la criminalización del sector independentista que un esfuerzo serio para abordar las raíces del conflicto político y armado", señalaron dirigentes de ANV en distintas ocasiones para justificar su rechazo a pronunciamientos institucionales tras las acciones armadas de ETA.

El informe que entregará en las próximas horas la policía a Garzón incluye las relaciones económicas entre los altos cargos de ANV y Batasuna, y la vinculación orgánica del primer partido con el segundo. Son, en resumen, las siguientes:

- Vínculos orgánicos. Los papeles de Fullaondo. La base de la investigación policial sobre las relaciones entre ANV y Batasuna hay que buscarla en la operación desencadenada el pasado 7 de octubre en Segura (Guipúzcoa), que llevó al juez Garzón a encarcelar a la mayoría de dirigentes de la formación ilegalizada al entender que con su reunión estaban vulnerando el auto de suspensión dictado hace cinco años. En esa operación, la policía requisó documentos reveladores de las relaciones de los dirigentes de Batasuna con ANV. Parte de esa documentación fue utilizada por el propio Garzón en un auto de prisión firmado el 22 de diciembre y que llevó a la cárcel a la dirigente de Batasuna Marije Fullaondo. El juez sostiene que ANV informa y rinde cuentas a Batasuna a través de Fullaondo y que ésta cobraba su sueldo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV o EHAK, en sus siglas en euskera).

Garzón advertía en aquel auto que ese aspecto de su investigación, que podría conducir a la ilegalización de ANV, sería "objeto de análisis más profundo en su momento".

- Subordinación. Los documentos de Permach. La policía también se incautó de documentación valiosa en el domicilio de uno de los principales dirigentes de Batasuna, Joseba Permach, que muestran la "subordinación" económica y política de ANV y el PCTV a Batasuna.

- Relaciones económicas. La investigación se ha centrado también en una cuenta bancaria central que según fuentes policiales podría actuar como caja única de las tres formaciones (Batasuna, ANV y PCTV). Esa cuenta recibe y distribuye los fondos entre los dirigentes de los tres partidos. A los pocos días de realizarse el ingreso en la cuenta sospechosa, siempre de manera regular, esos mismos fondos, en cantidades casi idénticas, salen de la citada cuenta y van a parar a otras que guardan vinculación con Batasuna.

- 49 dirigentes de Batasuna a sueldo del PCTV.

Los trabajos de la policía para Garzón también han permitido acreditar, y así figurará en el informe, que hasta 49 miembros de Batasuna han recibido dinero del PCTV, cuya principal fuente de financiación son las remuneraciones que percibe su grupo de siete diputados en el Parlamento vasco.

El PCTV tiene en su nómina, según las fuentes consultadas, a unas 22 personas que pertenecen a la Mesa Nacional de Batasuna.

La Fiscalía General del Estado tiene la intención de solicitar la suspensión de actividades de este partido político y de ANV en los próximos días. A la vez, el departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido prepara las demandas de ilegalización de las dos formaciones para presentarlas ante la Sala Especial del Supremo.

ANV ha anunciado que presentará listas a las elecciones generales del 9 de marzo. En ese caso, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que las impugnará.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también anunció hace meses que no permitiría la presentación de listas de ANV a los comicios generales y en los próximos días, en función de la actuación de Garzón, podría pedir a la Abogacía del Estado que inicie el procedimiento para presentar la demanda de ilegalización de ANV.

En el proceso que condujo a la ilegalización de Batasuna, la acción de la Fiscalía y la del Gobierno de entonces, presidido por José María Aznar, fue simultánea. La tramitación de aquel procedimiento duró cinco meses y el Supremo acabó ilegalizando a Batasuna tras los datos recabados por las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre su vinculación con ETA.

La Ley de Partidos establecía que cualquier formación que pretendiera suceder a Batasuna en su actividad debería ser también ilegalizada. A ese aspecto de la ley se ha agarrado el Gobierno hasta ahora para impedir la presentación de candidaturas de partidos alentados por Batasuna. Salvo en el caso de ANV, donde sólo se impugnaron la mitad de sus listas a las elecciones del 27 mayo.