Obispo Uriarte: "Los derechos humanos excluyen la tortura"

"Ni siquiera el mayor criminal" puede ser privado de los derechos fundamentales. Con esta premisa, y con una aproximación indirecta y típicamente eclesiástica, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, se refirió ayer a hechos recientes como los últimos asesinatos de ETA, las presuntas torturas denunciadas por los etarras del comando Elurra Igor Portu y Martin Sarasola tras su detención, y la próxima ilegalización de las organizaciones sucesoras de Batasuna. Lo hizo en su homilía con motivo del día del patrón de la capital guipuzcoana y tras proclamar que el derecho "más absoluto y más básico es el derecho a la vida".

El 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre le dieron pie para acercarse a un panorama político "poco alentador". Uriarte, que intervino como mediador en los contactos del Gobierno del PP y ETA durante la tregua de Lizarra, ha mantenido una línea de firme condena de la violencia terrorista, a diferencia de las contextualizaciones que se le reprocharon a su antecesor, José María Setién. Por eso, en su homilía destacó que los derechos humanos son naturales, inalienables e inviolables: "Nadie puede ser privado de ellos, ni siquiera el mayor criminal", recalcó.

Puso Uriarte como el primero de ellos el derecho a la vida y lamentó que, después de que Jesucristo hiciera suyo el precepto bíblico del "no matarás", "dos agentes públicos han muerto recientemente asesinados por ETA, que persiste obstinadamente en preparar nuevos atentados". En este capítulo situó también la muerte de mujeres por sus parejas y el aborto.

El obispo se apoyó en los artículos de la Declaración de 1948 que consagran el "núcleo duro" de los derechos humanos para afirmar que el documento, en sintonía con el pensamiento cristiano, "excluye tajantemente la tortura (art. 5)", y "el destierro, las detenciones sin todas las debidas garantías (art. 9)". También citó, entre otros, el derecho "a la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y a la reunión y asociación pacífica (art. 20)", lo que supondría un abordaje parabólico a los últimos episodios de la lucha policial y judicial contra ETA y su entorno político, que han sido cuestionados desde Euskadi. Los cristianos, concluyó, "tenemos especiales motivos evangélicos para ser activamente sensibles ante tales derechos".