"La administración local genera muchas situaciones de corrupción"

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús María García Calderón, capitaliza la metamorfosis actual del Ministerio Fiscal. Mañana se constituye la Fiscalía Superior de Andalucía, al mismo tiempo que otras 16 en todo el país. Cauto pero de verbo ágil, García Calderón (Badajoz, 1959) opina sobre las ventajas que supone este salto operativo y resalta los tímidos avances en la batalla de la siniestralidad laboral.

Pregunta. La Fiscalía negocia un pacto con los ex concejales de Marbella para agilizar sus 70 causas pendientes.

Respuesta. Hasta ahora mi única participación ha sido recibir una solicitud de los abogados de los concejales para hablar del tema. Es natural que la aplicación del Derecho penitenciario provoque esta situación, pero creo que hay que valorar otros factores, como la situación en la que quedarían los edificios afectados: si hemos pedido la nulidad de las licencias, demoliciones, etcétera. En los próximos días me reuniré con los letrados, recabaré la información de la Fiscalía de Málaga e informaré a la Delegación de la Fiscalía General del Estado sobre delitos urbanísticos.

"Es obvio que se actuó tarde para frenar la destrucción del territorio"

"En Marbella hay que analizar la situación de los edificios afectados"

P. El Ministerio Público se ha opuesto a los recursos de varios padres contra la asignatura Educación para la Ciudadanía.

R. El contenido de lo expresado por los fiscales de lo contencioso de Sevilla es correcto. Es una actuación uniforme e incluso conocemos otras resoluciones que coinciden con la tesis del ministerio fiscal, como en el Tribunal Superior de Cataluña.

P. ¿Qué supone la constitución de la Fiscalía Superior para la justicia andaluza?

R. Más que una creación es una redefinición del despliegue territorial del ministerio fiscal. La lenta adaptación al Estado de las Autonomías ha durado 20 años. Resaltaría la función de inspección ordinaria sobre las ocho fiscalías provinciales, cuatro fiscalías de área y 13 secciones territoriales. Además, la relación mucho más estrecha con el Parlamento andaluz. La Fiscalía Superior demuestra que puede producirse un fortalecimiento del Estado desde la periferia.

P. ¿Atisba alguna solución para el enchufismo en las administraciones?

R. La administración local genera muchas situaciones de corrupción, es un hecho objetivo. Lamentablemente se dan en todos los grupos políticos y la única diferencia es en la reacción ante la corrupción, donde sí hay matices. La posibilidad de retirar las competencias urbanísticas es una de las soluciones en el ámbito administrativo; la persecución policial con equipos expertos, y la vinculación de esos grupos con el Ministerio Fiscal. Si un policía escucha una conversación sobre urbanismo, y no tiene un técnico puede no estar enterándose de la conversación. La investigación criminal tiene que tender a esa idea multidisciplinar cuyo paraguas integrador es la fiscalía. Es un dato muy significativo que en seis años no hayamos tenido ningún juicio oral contra ningún parlamentario aforado.

P. ¿Es ésa una buena señal?

R. Expresa que los miembros del Parlamento y del Consejo de Gobierno no han tenido investigaciones por procesos delictivos, como sí ha ocurrido en otras épocas.

P. No han existido o no han podido ser descubiertos...

R. Quizás el número es demasiado escueto y tampoco permita inferir con garantías ninguna consecuencia. Hay fórmulas de control que hacen difícil llevar a cabo esas actividades, a diferencia de la administración local.

P. Este año comenzó de manera desalentadora: ocho trabajadores muertos en el tajo en ocho días. ¿Está perdida la batalla de la siniestrabilidad?

R. Es una batalla difícil porque el problema es muy complejo y confluyen muchos problemas de nuestra sociedad. La sociedad española ha cambiado mucho y no podemos generalizar, tenemos que distinguir entre el empresariado cumplidor de la legalidad y el que no. El empresariado también está avanzando y ahora quiere distinguirse.

P. ¿Cuál es la tarea pendiente de la Fiscalía?

R. La oficina. La especialización es el futuro y el gran problema es tener una gran oficina que cumpla las exigencias de la sociedad. El problema fundamental es saber hacer una oficina acorde a la sociedad.

P. ¿Qué falló en el amago de imputación de los científicos del Banco de Células andaluz?

R. Fue un error de tramitación. El hecho de la imputación se valoró sin la suficiente cautela. Hay un riesgo de automatismo judicial en la toma de decisiones. Nunca estuvo clara una convicción de persecución penal de los hechos, sino que buscaba que los científicos se defendieran.

P. ¿Está perdida la batalla de la siniestrabilidad?

R. Es una batalla difícil porque el problema es muy complejo y confluyen muchos problemas de nuestra sociedad. Pero no podemos generalizar, tenemos que distinguir entre el empresariado cumplidor de la legalidad y el incumplidor.

P. La destrucción del territorio era una plaga conocida ya en los años noventa. ¿Reaccionó tarde la Fiscalía para acometer la especialización en delitos contra el Medio Ambiente?

R. Es obvio que se actuó tarde, pero porque la sociedad en su conjunto actuó tarde. No hay que extenderse en el tiempo porque tampoco es conveniente recuperar errores de hace tanto tiempo a nuestra realidad actual. El problema tiene muchas paternidades: ámbito ejecutivo, legislativo, los medios de comunicación...