Una sentencia sobre Lanjarón vuelve a evidenciar el enchufismo municipal

El sórdido comentario atraviesa diputaciones y ayuntamientos pequeños. Un concejal atrevido comenta ante otros ediles: "Creo que podríamos adoptar condiciones más ecuánimes para la selección de personal". A coro le responden: "Pero bueno... ¿tú a quién quieres meter?".

Es un cáncer con dos apellidos: enchufismo y nepotismo. Las irregularidades en la selección de personal para plantillas municipales y provinciales infladas está a la orden del día, aunque generalizar sea un error. La última voz de alarma es ajena a la política. Un juez de Granada ha denunciado con contundencia los métodos del Ayuntamiento de Lanjarón: "Llama poderosamente la atención la dinámica clientelar de acceso a los distintos puestos de trabajo desempeñados para la entidad demandada, asumida por la anterior corporación municipal y que la actual como sucesora debe asumir".

El magistrado declaró nulo el despido de un trabajador municipal al entender que el actual alcalde, Mariano Ruiz (PSOE), ejerció una "represalia discriminatoria por la tendencia política del despedido". Pero la sentencia entra en el espinoso fondo de la cuestión y censura la desastrosa política de contratación de personal puesta en marcha por el anterior alcalde, José Rubio (PP), que gobernó durante ocho años hasta el pasado mayo. "La nula observancia de las normas legales en la formalización contractual de toda su relación de trabajo es impropia en una Administración pública regida en su gestión y conducta por el principio de legalidad".

La arbitrariedad dominaba cualquier contratación en el Ayuntamiento de Lanjarón hasta el vuelco electoral de las últimas elecciones, según denuncia el alcalde socialista: "Las personas esperaban a la puerta de su despacho para contarle su vida. Alcalde y concejales sacaban su impresión y decidían quién trabajaba. Se rompía la igualdad de oportunidades. Así de simple". Ruiz denuncia que el consistorio contrató a 20 trabajadores eventuales hasta que la plantilla municipal superó el centenar sólo dos meses antes de las elecciones, en un pueblo con 3.800 habitantes. Hasta 10 trabajadores eran familiares directos de concejales. "Nadie tiene que disimular sus necesidades para trabajar. No lo llevamos a pleno porque es bastante difícil enfrentarse a esto desde la oposición", aduce.

El alcalde explica que el sistema ha cambiado de manera radical, y que ahora cada solicitud es evaluada por una comisión con el responsable de área, el delegado sindical, el concejal y el regidor. El ex alcalde se defiende: "Yo no he mirado la afiliación política de nadie para darle un cacho de pan. He perdido las elecciones porque con los míos no me he bajado los pantalones. Ciertas familias me pedían favores ilegales en temas de construcciones e impuestos, y nunca cedí". Rubio rechaza el perverso sistema de contratación denunciado por el juez. "El clientelismo político no ha existido. No he metido a nadie fijo que sea del PP", alega. En cambio, el ex alcalde admite que los trabajadores eran contratados cuando así lo pedían para cobrar el desempleo: "Siempre con un sentido social, a pesar de que sabíamos que su rendimiento no era muy grande".

El delegado sindical de personal laboral, José Rafael Ruiz, denuncia la política de contratación. "Casi todos los contratos están en fraude de ley. Yo mismo lo estoy, después de 16 años". Ruiz es muy crítico con la "maniobra política" de la pasada primavera: "Ante la prevención de que ganara el PSOE, él protegió a su gente con contratos para obra y servicio, o con eufemismos como exceso de pedidos".