Muertos y heridos en ataques fuera de España serán víctimas del terrorismo

"Si te bombean aquí eres víctima del terrorismo, pero si lo hacen en el extranjero no. ¿Cómo se entiende eso?". Julia Vilaró, médico de 58 años herida en el atentado de Yemen del pasado mes de julio, en el que murieron ocho personas, está a punto de encontrar una respuesta a su pregunta.

El Ministerio del Interior ultima una modificación del Reglamento de la Ley de Solidaridad que reconocerá como víctimas de terrorismo a aquellos españoles fallecidos o heridos en atentando en un país extranjero, siempre que el objetivo del ataque no sea un interés español. La medida afectará a 27 personas y tiene un coste aproximado de dos millones de euros.

El reglamento de la Ley de Solidaridad permite condecorar a las víctimas

La legislación actual no considera víctimas de terrorismo a ninguno de los españoles fallecidos en los últimos atentados registrados en el exterior, 18 en los últimos 13 años. Tampoco a los heridos.

La única excepción fue el atentado del 16 de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos), en el que murieron 45 personas, cuatro de ellas españolas. En ese caso, sí fueron reconocidos porque perdieron la vida cuando se encontraban en la Casa de España, "que aunque no es un edificio público, sí que se consideró interés español en su momento", explica José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, y uno de los impulsores de la modificación del Reglamento. El Gobierno del PP afirmó entonces a pesar de eso que el ataque no iba contra intereses españoles.

Las ayudas que percibirán los afectados son las mismas que las fijadas por la Ley de Solidaridad, con carácter único y excepcional. Esas indemnizaciones oscilan entre los 36.000 euros, en el supuesto de incapacidad permanente parcial, y los 138.230 para los familiares de un fallecido. En el supuesto de gran invalidez, las víctimas reciben 390.000 euros. Lo que no está incluido en la Ley y que sí permitirá la modificación es el pago de los servicios funerarios y el alojamiento, acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas.

A estas personas también se les costearán los tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas; la financiación de la atención psicológica hasta un máximo de 3.000 euros, y su traslado a España. En el caso del atentado de Yemen en julio del año pasado, fue el Ministerio de Exteriores el que se encargó de las evacuaciones.

Las ayudas que les corresponden a las 27 víctimas supondrán a la administración un coste de cerca de dos millones de euros, según una estimación al alza que ha realizado Interior.

La intención de Interior es aprobar la medida cuanto antes. El borrador de la modificación se envió a principios de mes, con carácter de urgencia, al Consejo de Estado, que tendrá que elaborar un informe en un plazo máximo de 15 días hábiles. Rodríguez Uribes confía en que la semana que viene reciban una contestación, y así poder incluir el cambio en el Reglamento en uno de los últimos Consejos de Ministros de la legislatura -el último es el 8 de febrero-. De no ser así, el Gobierno en funciones podría llegar a aprobar la modificación.

Una de las principales novedades que se pretende incluir en el nuevo reglamento, y que de no ser así irá en la futura Ley de Víctimas que ha incluido el PSOE en su programa electoral, es la modificación del artículo 25 de la Ley de Solidaridad.

De esta forma, se podrá brindar una protección más completa a los secuestrados. Actualmente se quedan sin cobertura indemnizatoria los supuestos de detención ilegal -retención de personas sin pedir recompensa por su libertad-, tal y como regula el reglamento de 1999.

El último año, la banda terrorista ETA ha retenido a cuatro ciudadanos vascos en Francia para utilizar sus furgonetas como coches bomba. Ninguno ha podido hasta ahora solicitar una indemnización.

El borrador del informe incluye, además, una modificación del artículo 23 para indemnizar a los lesionados conforme a los baremos establecidos por la Dirección General de Seguros que estén vigentes en el momento de producirse los hechos y no como sucede actualmente, que se aplican también los del año 1999.

Además, a través del nuevo reglamento, se abre la posibilidad de que las víctimas y sus familiares puedan obtener la Gran Cruz del Mérito Civil y la Encomienda.