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Camps resucita el pacto social ante la desaceleración y las elecciones

CC OO considera "muy débil y genérico" el punto de partida del acuerdo

Ignacio Zafra

Quince meses después de la última reunión, la Generalitat volvió a sentarse ayer en la misma mesa con los sindicatos y la patronal para hablar de política social. El Consell, que desoyó en repetidas ocasiones las propuestas de encuentro formuladas por las organizaciones sindicales, se decidió a dar el paso ante el nuevo escenario de desaceleración económica, cuyos síntomas están resultando más serios en el caso valenciano que en el del conjunto de España, y ante la cercanía de las elecciones generales. La cita fue un primer contacto para programar la negociación de un pacto e incluyó la firma de una declaración de intenciones, menos concreta de lo que hubiesen querido los secretarios generales de UGT, Rafael Recuenco, y de CC OO, Joan Sifre. El segundo calificó el documento de "muy débil y muy general". Poco más que una señal de partida.

Consell, patronal y sindicatos apuestan por cambiar de modelo económico

El vicepresidente económico y consejero de Economía, Gerardo Camps, destacó la necesidad de alcanzar acuerdos sobre la vivienda y el desarrollo de la Ley de Dependencia. Camps reconoció que la economía vive una etapa "de especial incertidumbre sobre todo por la coyuntura internacional".

También admitió la existencia de problemas Rafael Ferrando, presidente de la patronal valenciana Cierval, quien apostó por alcanzar acuerdos lo bastante "amplios y flexibles" para que se adapten a "las dificultades o favorezcan el crecimiento".

Si hay un sector que encarna la desaceleración, es el ladrillo, un motor básico del crecimiento español de los últimos años y, todavía más acusadamente, del valenciano. Todo ello llevó al secretario general de la UGT a coincidir con Camps y a volver a reclamar un plan de rescate ante "la que está cayendo". Por dos razones, dijo Recuenco: los problemas de los jóvenes para acceder a los pisos y "el tirón" de la construcción sobre el empleo.

El documento firmado ayer fija un plazo de 15 días para constituir la mesa de diálogo social. Aunque no hay ninguna posibilidad de que los acuerdos lleguen antes de las elecciones, el secretario de Comisiones Obreras consideró que "la prueba del algodón" sobre la voluntad de la Generalitat de reactivar el diálogo social llegará a mediados de febrero. Por entonces se formarán las comisiones encargadas de la distribución de los "menguantes fondos europeos". Si los sindicatos son invitados a participar, señaló Sifre, significará que las manifestaciones del Consell (el vicepresidente económico dijo ayer que el diálogo social es la "piedra angular de todas sus políticas") van en serio.

A pesar de las llamadas a apuntalar el sector de la construcción y a su contenido más bien abstracto, la declaración de ayer contiene múltiples referencias a la "necesidad" de avanzar hacia "un nuevo modelo de crecimiento económico". El cual vendría determinado "por la rápida difusión del conocimiento, las nuevas tecnologías de la información y la creciente competencia en los mercados".

El diagnóstico da por desaparecida la histórica "ventaja de costes" de la mano de obra en la industria valenciana, lo que "hace necesario un cambio de la tradicional especialización de nuestros sectores hacia producciones de mayor valor y más innovadoras". La atomización del tejido empresarial "dificulta", por su parte, "la introducción de modelos de gestión adecuados para hacer frente a los cambios que se están produciendo" en el mundo. "Estos cambios de estrategia", prosigue el documento, "son importantes y la acción pública debe favorecerlos mediante instrumentos de política industrial, sectorial, incentivos a la innovación y transferencia tecnológica".

Los sindicatos destacaron también la necesidad de que la agenda incluya la seguridad en el trabajo, la estabilidad en el empleo y el funcionamiento de los servicios públicos.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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