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Balza quiere que en todos los grupos policiales haya mujeres y euskaldunes

Erne pide al juez que suspenda la medida porque "vulnera" derechos básicos

La orden de Interior se firmó el pasado 27 de diciembre, un día antes de los Santos Inocentes, pero a los sindicatos de la policía vasca no les ha parecido una inocentada. La decisión del director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, de modificar unilateralmente los grupos policiales de Seguridad Ciudadana para garantizar "en lo posible" la presencia en todos ellos de, al menos, una mujer y un euskaldun ha soliviantado a Erne, ELA y Comisiones Obreras.

Todas las centrales dejan la mesa de negociación hasta la retirada de la orden

Interior pretendía ayer abrir la negociación del nuevo convenio colectivo, pero las centrales con representación en las mesa negociadora (Erne, ELA y Comisiones) dieron a la delegación del departamento que dirige Javier Balza un sonoro portazo. Se saltaron el orden del día y denunciaron la decisión adoptada por Uriarte, al tiempo que exigían su "inmediata retirada". "¿Cómo íbamos a abrir la negociación del convenio cuando ellos lo han han hecho por la puerta de atrás, vulnerando el convenio vigente", explicó uno de los sindicalistas presentes en la reunión de ayer.

La orden, a la que ha tenido acceso este periódico, argumenta estos cambios en la asignación de los puestos apelando a "las necesidades de servicio". En concreto, a la presencia de las mujeres policías en las detenciones de violencia doméstica y de género, y a "otros compromisos institucionales como la atención al ciudadano en euskera". Todo ello con el objetivo de una "más adecuada prestación del servicio" a la sociedad.

El problema es que la orden no ha sido negociada con los representantes sindicales de los ertzainas, que ven en ella una clara vulneración de la Ley de Policía, del convenio vigente y de derechos fundamentales como el de igualdad ante la ley. Así lo han entendido un agente euskaldun destinado en la comisaría de Gernika y una ertzaina que trabaja en Bilbao, quienes, junto con la central mayoritaria Erne, han pedido al juez de lo Contencioso-Administrativo que interrumpa, como medida cautelar, la ejecución de la orden. Interior ya ha planteado al juez su oposición a dicha suspensión.

¿Qué problemas añadidos genera esta orden? Los recurrentes recuerdan al juez que el servicio en Seguridad Ciudadana se presta en tres turnos, por lo que hay cambios de horarios y se pierde el contacto con los compañeros con los que venían trabajando, "afectando al servicio", apuntan. Y también se ven alterados el régimen de vacaciones, los permisos, etc. A ello, habría que sumar que no se respeta lo pactado en el convenio, donde se indica que los cambios de grupo, "preferentemente", se realizarán con "personal voluntario", dando prioridad al de más antigüedad. Estos criterios no se recogen en la orden, con lo que se discrimina, según el recurso, a las personas afectadas frente al resto de la plantilla, vulnerando el principio de igualdad recogido en la Constitución.

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La iniciativa también ha sido denunciada por Erne ante Emakunde, ya que muchas agentes tienen un marido ertzaina y el perjuicio no sólo es profesional, "dado que su vida familiar también se ve afectada".

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