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Apuntes

La Universidad de Alicante afronta una guerra corporativa

La supresión de facultades amenaza la continuidad de decenas de cargos

Por si no era suficiente el galimatías de nuevas normativas, decretos y leyes que planean sobre el sistema universitario españoles, la Universidad de Alicante está inmersa en un complejo y espinoso proceso que encara la próxima semana su fase definitiva. Se trata de fijar el futuro de sus facultades y centros académicos para lograr una oferta más "coherente y racional". Un debate que concluirá con la eliminación de algunos de ellos y su integración en otros. Las espadas están en alto y ningún decano ni director quiere ceder su cuota de poder. "A nadie le gusta perder su estatus", advertía un miembro del Claustro con amplia experiencia.

"A nadie le gusta perder su estatus", dice un miembro del claustro
"Se está trabajando bien, pero existen intereses cruzados", afirma el rector
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La próxima semana, con toda probabilidad el viernes 25, se convocará una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para plantear una propuesta concreta de reagrupación de centros y facultades. El acuerdo se trasladará al Consejo Social y a la Generalitat. El objetivo, según fuentes consultadas en el equipo de gobierno, es alcanzar un esquema más "coherente" y vinculado con los nuevos tiempos. El proceso ha levantado ampollas entre aquellos que no quieren dejar de ser directores o decanos y los que consideran que la reforma servirá de poco. "Se corre el riesgo de convertir esto en una Guerra Civil por captar más alumnos y más recursos", advertía una de las personas próximas a la negociación. Las facultades grandes, que observan cómo desciende la matrícula, están nerviosas y quieren incorporar nuevos alumnos. Pero los centros pequeños, que no están mal en matrícula, prefieren seguir siendo independientes. En resumen, unos pretenden aumentar su poder y el resto, mantenerse.

Esta polémica y compleja reforma no es nueva y viene de lejos. El nuevo estatuto de la Universidad de Alicante, que se aprobó durante el mandato de Salvador Ordóñez, y que entró en vigor hace cuatro años, contemplaba la obligatoriedad de acometer, en el plazo de un año, esta reagrupación de centros.

Sin embargo, el debate se tuvo que ir aplazando curso tras curso debido a las sucesivas reformas y cambios que se han ido planteando, fundamentalmente por la incorporación de los nuevos títulos de grado y a la reforma de la LOU.

El proceso de reagrupación en Alicante quedó en suspenso hasta tener "un horizonte claro y más estable", según admite el rector, Ignacio Jiménez Raneda. Por eso, a partir de la publicación del borrador de reforma de la LOU, y con Mercedes Cabrera de nueva ministra de Educación, el actual equipo de Gobierno pudo empezar a cumplir lo que había encomendado el ex rector Ordóñez en el estatuto. En septiembre del año pasado, una vez definidos el "marco normativo" y los futuros títulos de grado, comenzó el debate. En octubre el Claustro aprobó los criterios mínimos para conseguir reagrupar las facultades y centros. La premisa era "coherencia" y "eficiencia". A partir de ese momento se constituyeron dos comisiones, integradas por los decanos, directores de centros afectados y vicerrectores, que han estado trabajando para intentar alcanzar un cierto consenso. El tiempo expira y el acuerdo final no se conocerá hasta horas antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, si es que al final se alcanza.

La coherencia de la reforma significa que la nueva distribución responda a las áreas de conocimiento que plantea la LOU, y en este sentido, según fuentes académicas, la Escuela Politécnica, la más importante en número de alumnos que son 4.800, y la Facultad de Filosofía y Letras, con 3.900, mantendrían su categoría actual. La dificultad vendrá en el resto. De las 11 facultades y centros el objetivo, es agrupar algunas de ellas. Pero, ¿cuáles? Tras la reunión del Claustro se crearon dos comisiones, una del área de Ciencias y Ciencias de la Salud, en la que están integradas la Facultad de Ciencias y las escuelas de Enfermería y Óptica. Esta última es la de menor número de alumnos (no llega a los 500). La otra comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas está integrada por Derecho, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, Trabajo Social, Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales.

Los decanos de las facultades más numerosas en alumnos y profesores tradicionalmente han apostado por aumentar su representatividad e influencia en órganos como el Consejo de Gobierno y no ven con buenos ojos que su voto sea igual que el del director de una escuela universitaria de unos pocos alumnos. Ahora esas viejas heridas se han reabierto. Pero al margen de estas discrepancias, el reto ahora es agrupar toda la oferta académica de forma "razonablemente equilibrada y coherente", según explica el rector, Raneda que no quiere avanzar qué facultades podrían desaparecer.

"Es pronto, se está trabajando bien pero es un proceso complejo con intereses cruzados", admite el rector, que defiende una distribución más "racional" de la estructura para evitar que no haya "ni grandes diferencias de tamaño entre ellas ni de títulos". El debate está al rojo vivo para conseguir que no haya tantos reinos de taifas, y con una gran heterogeneidad como existen en el campus de Alicante.

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