UGT lleva la gestión del Consell de la ley de Dependencia al Defensor del Pueblo

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha solicitado al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Consell de imponer el silencio administrativo negativo en la tramitación de las solicitudes de las ayudas de la Ley de Dependencia. A juicio del sindicato, esta medida, incluida en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2008, "vulnera el derecho a la igualdad", "supone una restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo", "afecta al principio de seguridad jurídica" garantizado por la Constitución y "sobrepasa los límites propios del contenido de las leyes de presupuestos". Argumentan que esta ley solo debe contemplar medidas sobre ingresos y gastos, pero nunca reglamentar sobre normas que no tengan que ver con los presupuestos.

"A fecha de hoy, la consejería no ha abonado ni una sola ayuda"

Antonio Femenia, responsable de Servicios Sociales de la FSP-UGT-PV, explicó ayer que "el PP ha aprovechado la ley de Presupuestos, no en su texto sino en una modificación, para introducir el silencio negativo". Hasta diciembre pasado, la norma valenciana que regulaba el acceso a las ayudas contempladas en la ley estatal de Dependencia establecía el silencio positivo, es decir, que si transcurrían seis meses desde que un interesado presentara su solicituda de ayudas sin que hubiera respuesta, esta sería necesariamente a favor del usurario. Sin embargo, con la modificación, las solicitudes presentadas desde el 1 de enero que el Consell deje sin contestar seis meses pasarán a considerarse rechazadas.

"Con esta medida la Administración está fomentando que ella misma sea perezosa", se quejó Femenia, "que sea perezosa en dar ayudas a personas que la necesitan". Y aseguró que los gestores "están siendo verdugos de la esperanza de miles de personas" ya que, "a fecha de hoy, la consejería no ha abonado ni una sola ayuda a las miles de personas que lo han solicitado".

"Es una desvergüenza", manifestó Rosaura Pérez Rodríguez, secretaria de Igualdad de UGT, "un ataque a la ley más progresista del último decenio". Por ello, UGT también ha decidido denunciar ante la Inspección General de Servicios de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas para que investigue la lentitud en tramitar las ayudas y evalúe el retraso de la puesta en marcha de la ley en la Comunidad Valenciana.

Para facilitar la consecución de las ayudas de las personas que solicitaron en 2007 las prestaciones especificando el grado de dependencia que reclamaban y no se les ha contestado en un plazo de seis meses, UGT ha colgado en su página web un formulario con el que se puede exigir la ayuda. Y el sindicato ha anunciado que para el 1 de julio de 2008, cuando las solicitudes que se han presentado desde este mes de enero empiecen a considerarse denegadas por silencio administrativo, colgarán otro formulario en el que se podrá hacer un recurso de alzada que obligará a la consejería a responder en un plazo aún más breve.

UGT insistió en que el PP intenta utilizar políticamente el retraso en las tramitaciones para que los ciudadanos tengan la sensación de que la ley no funciona. Eso sí, cuando le interese tramitará las solicitudes de las personas que ya trata para recibir dinero del Estado con retroactividad desde el momento en que presta servicios.