El Gobierno crea una agencia para controlar el dinero que da a las ONG

Además de ser honrada, una organización no gubernamental (ONG) debe aparentarlo. Los últimos escándalos abiertos por las finanzas de Anesvad e Intervida han arrojado una sombra de duda sobre la suerte de las millonarias ayudas públicas que se destinan a la cooperación para el desarrollo. Para extremar el control del dinero público que se dirige a ese fin y lograr una mayor transparencia, el Ejecutivo va a poner en marcha una agencia específica con, entre otras, precisas funciones de control. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de creación de la Agencia vasca de Cooperación al Desarrollo, que previsiblemente echará a andar el próximo año si se cumplen los plazos previstos y el Parlamento da su luz verde final al proyecto.

El presupuesto para cooperación ha crecido un 50% desde 2002

Se trata de una iniciativa recogida en la Ley de Cooperación para el Desarrollo, aprobada en febrero pasado y que aceptan las ONG vascas.

En los últimos años, la gestión administrativa de la cooperación con los países desarrollados ha aumentado en complejidad. De nacer como una única convocatoria de ayudas vinculada a una partida presupuestaria específica y a la que se apuntaban las ONG ha pasado a configurarse como una auténtica política pública. Existen programas de cooperación, que son intervenciones prolongadas en el tiempo; la Administración ya no se limita a pagar subvenciones, sino que acredita a la ONG que va a recibir los fondos y, además, supervisa la marcha de los proyectos.

Todo un mundo que, según el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, necesitaba de una agencia que funcione con rapidez y transparencia al tiempo. Desde 2002, el presupuesto destinado por el Ejecutivo a cooperación para el desarrollo ha aumentado un 50%, pasando de 30 a 45 millones de euros para este año.

En realidad, los cooperantes gestionan una cantidad bastante mayor. Sumando las ayudas que conceden diputaciones y ayuntamientos, así como las donaciones de particulares, Euskadi ha destinado alrededor de 400 millones de euros a proyectos de desarrollo desde 2002. Esa cifra se reparte entre las 75 entidades agrupadas en la coordinadora vasca de ONG y una cifra similar de asociaciones no adheridas a ella.

La nueva agencia, que funcionará como una entidad pública de derecho privado (similar a Osakidetza), planificará, coordinará, gestionará los fondos y ejecutará la política de cooperación. Es decir, reunirá todas las funciones posibles. Junto a los recursos destinados a la cooperación por el Gobierno, también podrá gestionar otras transferencias de fondos públicos o privados que reciba.

Los casos de Anesvad -con sede en Bilbao y cuyo ex presidente está siendo investigado por supuesta apropiación indebida- e Intervida -investigada por posible desvío de fondos- han afectado a la confianza de los ciudadanos, que han visto cómo sus aportaciones no tenían el destino esperado.

[El anteproyecto de Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo está terminado y el texto se encuentra a la espera de superar la tramitación interna antes de ser aprobado por el Gobierno y recalar en el Parlamento. El Ejecutivo aseguró ayer tras su reunión que el texto tiene el consenso de "muchas" asociaciones de víctimas. El compromiso era haberlo enviado a la Cámara a finales del año pasado. Esta ley forma parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno, que ayer realizó un balance del grado de cumplimiento del mismo desde abril de 2006 hasta ahora].