Dos protestas en Lleida contra fallos judiciales

Unas 50 personas de origen magrebí participaron ayer en Lleida en una manifestación convocada por la Asociación Cultural Atlas para reclamar a la Administración de justicia que revise el caso de Hamid Oulhadi, un marroquí de 26 años que apareció asesinado en enero de 2005 en un campo de cereales de Granyanella (Segarra). Los tres jóvenes de Cervera juzgados como presuntos autores del crimen fueron absueltos después de que un jurado popular los declarara no culpables.

La protesta, en la que participaron familiares y amigos de la víctima, discurrió entre el Ayuntamiento de Lleida y el edificio de los juzgados. Los manifestantes, que portaban pancartas en árabe y catalán con el lema de Igualdad, convivencia y justicia real, denunciaron irregularidades en el proceso judicial y exigieron que continúen las investigaciones para encontrar a los culpables. "Este caso nos confirma que el trato que la justicia dispensa a extranjeros y españoles es diferente", señaló Omar Charah.

Los organizadores también denunciaron la falta, a su juicio, de políticas sociales transparentes, de igualdad y que favorezcan la convivencia, por parte del Ayuntamiento de Lleida, en asuntos que afectan a la comunidad inmigrante, que ya representa el 17 % de la población.

Condena por violación

La familia de un vecino de Lleida condenado a 10 años de cárcel por abusar sexualmente e incitar al consumo de cocaína a una menor, sobrina de su mujer, convocó también una manifestación ayer en la ciudad para defender su inocencia, según informó a Europa Press su esposa, Isabel Oró.

La hermana del condenado, Alicia Rico, afirmó que a éste lo condenaron sin pruebas, basándose únicamente en la declaración de los psicólogos y sin que la fiscalía presentara cargos contra el acusado.

El condenado, de 32 años y padre de una niña de cinco, está a punto de tener otro hijo, que nacerá a finales de este mes. El 14 de noviembre, ingresó en la cárcel de Lleida para cumplir siete años de cárcel. Su caso está ahora pendiente de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso presentado por su defensa. La víctima, que ahora tiene 19 años, presentó la denuncia con 17, argumentando que los abusos se habían producido cuando tenía 14. Según la familia del acusado, la joven exigió 4.000 euros a cambio de retirar la denuncia.