Intimidad intimidada

El acoso de los colectivos antiabortistas y de quienes les secundan desde la judicatura o las administraciones se está dirigiendo ahora no sólo contra los médicos y las clínicas, sino también contra las mujeres que se han sometido a una interrupción voluntaria del embarazo. Un juez de Madrid ha llamado a declarar a más de 20 de ellas por unas supuestas irregularidades en una clínica de Madrid.

¿Es imprescindible que la citación judicial sea personalmente presentada por guardias civiles de uniforme en el domicilio? La despenalización del aborto buscaba justamente evitar situaciones de criminalización e invasión de la intimidad como la que refleja esa situación. Interrumpir la gestación es una decisión personal de la mujer en algún momento de su vida que no necesariamente conocen sus padres, su marido, sus hijos; o sus vecinos.

Hay un componente intimidatorio en todo esto. Las mujeres tienen miedo. Los centros denuncian que reciben llamadas de personas que abortaron hace 10 o 15 años para pedir que se borren sus historias clínicas: algo que no se puede hacer legalmente. Temen que la policía o un juez desempolven sus casos y aparezcan en sus domicilios.

En el origen del caso de la clínica madrileña está la denuncia de una plataforma antiabortista sobre la supuesta eliminación irregular de residuos orgánicos y clínicos. No se entiende por qué si lo que se investiga es la eliminación de los residuos, se molesta a las pacientes, que no saben nada al respecto. Y si lo que se investiga son unos presuntos abortos ilegales, ¿por qué los que actúan son agentes del Seprona, Servicio de Protección a la Naturaleza, dependiente de la Guardia Civil? Hay una cierta inclinación hacia la truculencia en este tipo de iniciativas y la forma en que son presentadas por los medios más conservadores. Algo nada inocuo a la vista de casos de fanatismo antiabortista criminal registrados en países como Estados Unidos, por ejemplo.

Una ley de plazos que reconozca el derecho a abortar durante las primeras semanas de embarazo, sin necesidad de motivar la decisión, ofrecería mayor seguridad jurídica; y, contra lo que parecen pensar algunos gobernantes, reduciría las posibilidades de manipulación demagógica del aborto y de criminalización de las mujeres que decidan abortar.