Una sentencia evita al armador del 'Prestige' pagar 109 millones al Estado

La compañía propietaria del Prestige, Mare Shipping Inc., no tendrá que pagar por el momento el coste de la extracción de fuel del petrolero. Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que niega al Estado el derecho a exigir al armador el pago de los 109 millones de euros que costó vaciar los tanques del buque en tanto no se resuelvan los procesos judiciales en marcha y se determinen las responsabilidades civiles a que haya lugar.

El fallo afirma que "sería prematuro" imponer los costes al armador

La sentencia del TSXG estima en parte el recurso formulado en 2003 por Mare Shipping contra una resolución de la Capitanía Marítima de Vigo que, en abril de ese mismo año, cinco meses después del hundimiento del Prestige, había instado a la compañía naviera a "descargar el combustible, aceites y carga existentes a bordo" del petrolero y cualquier otro material que pudiera dañar el medio ambiente marino. La comunicación de la Capitanía viguesa exigía al armador la presentación de un plan de extracción "en el improrrogable plazo de siete días", y concluía advirtiendo que, de no hacerlo, la Administración ejecutaría de forma subsidiaria esa tarea, cuyo coste repercutiría a la naviera.

Capitanía Marítima había cursado en aquellas mismas fechas una resolución idéntica al fletador de las 77.000 toneladas de fuel que transportaba el Prestige, Crown Resources (luego ERC Trading AG), que también decidió impugnarla ante el TSXG. El pasado 4 de abril, el Tribunal Superior dio la razón a ERC Trading en los mismos términos en que ahora respalda la pretensión de Mare Shipping de no abonar ni un euro por al vaciado del barco.

Según la sentencia del TSXG, el recurso de Mare Shipping expresaba con contundencia y de modo genérico su rechazo a las pretensiones de las autoridades estatales, a quienes acusaba de haber "criminalizado la actitud de la naviera y del capitán [Apostolos Mangouras] de una manera injustificada, mediante la apertura de multimillonarios expedientes sancionadores que no responden a la realidad de lo ocurrido ni a las responsabilidades que quieren derivarse del accidente".

Entre otras consideraciones, la naviera culpaba al Gobierno español del hundimiento del Prestige y sus consecuencias "por la mala gestión en el salvamento del buque, que debió haber sido llevado a un puerto de refugio". Además, la armadora alegaba que el plazo de siete días otorgado por Capitanía "era muy corto", y calificaba de "ejercicio de total hipocresía" la advertencia de la Administración de extraer por sí misma el fuel y pasarle luego la factura.

La Sala de lo Contencioso comienza reconociendo el derecho del Estado a adoptar las medidas necesarias para conjurar el "evidente peligro" de contaminación que entrañaban las cerca de 37.000 toneladas de fuel que permanecían en el buque hundido. También rechaza las objeciones de Mare Shipping sobre el plazo de una semana, que hubiera podido cumplirse con la presentación de "un avance, estudio o proyecto" de extracción. Sin embargo, da la razón a la compañía naviera en el punto crucial, el económico. El TSXG afirma que "sería prematuro" imponer al armador los costes del vaciado del petrolero.El Tribunal Superior opina que debe esperarse a que "otras jurisdicciones puedan determinar consecuencias relevantes al efecto", en alusión al proceso penal abierto en el juzgado de Corcubión. Este es el segundo revés judicial en pocos días para el Estado español en el caso del Prestige. La pasada semana, una juez de Nueva York rechazó la demanda para exigir una compensación de 1.000 millones de dólares a la sociedad estadounidense ABS, que, seis meses antes del naufragio, certificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar.

"Nosotros hemos ganado al 100%", aseguró el abogado de Mare Shipping, Santiago Zabaleta, que recibió días atrás la sentencia del Tribunal gallego. El experto en derecho marítimo que representa a la naviera no ocultó su satisfacción por que el TSXG haya respaldado a su cliente frente a la postura de los responsables de la Dirección General de la Marina Mercante, "a quienes se les ocurrió requerir al armador y al fletador" cuando ya hacía meses que la Administración había comenzado a trabajar en un plan para extraer el fuel.