Las propuestas discrepaban en financiación y nombramientos

Los documentos que se cruzaron el Gobierno central y la Generalitat sobre Cercanías tienen, apenas, media docena de párrafos coincidentes. El resto es discrepancia. Una de las más importantes, la financiación. El texto del Gobierno central habla, de modo sistemático, de aportaciones de ambas Administraciones. La Generalitat, en cambio, entiende que si se traspasa una competencia debe ir acompañada de las partidas para financiarla y señala: "Las necesidades financieras derivadas [para prestar el servicio] serán cubiertas por la Administración del Estado".

La diferencia es de tal calado que el Gobierno central ni siquiera otorga a la Generalitat "la potestad tarifaria".

No menos importante es la cuestión de los nombramientos. La propuesta del Ejecutivo central ignora el asunto. En cambio, el Gobierno catalán señala que "la Generalitat designa o participa en los procesos de designación" de los cargos de Renfe, mientras la transferencia no sea plena y, más específicamente sostiene que, previo acuerdo con Renfe, la Generalitat nombrará "una dirección ejecutiva de Cercanías de Barcelona".

Personal y trenes

La propuesta catalana defiende la creación de esa unidad de negocios, a la que la "Administración competente" (el Gobierno catalán) "seguirá encomendando la prestación del servicio". Esta unidad de negocios concentrará "los recursos humanos y materiales vinculados a la prestación del servicio de Cercanías", o sea, personal y trenes.

La propuesta del Gobierno central sólo habla de Cercanías pero la del Gobierno catalán no olvida que el servicio ferroviario necesita vías, túneles y estaciones. Por ello defiende crear un "organismo de colaboración" sin perjuicio de las competencias de Fomento, Adif o Renfe, que acordará lo relativo a "la regulación de circulación, la adjudicación y capacidad de la red, la gestión básica de la información y atención al cliente, la gestión de las estaciones, el mantenimiento de la red en Cataluña y la ampliación de la red". Este organismo hará "el seguimiento de las inversiones de Adif" y de los contratos programa con Renfe. El Gobierno central se reserva la seguridad en la circulación, las licencias a empresas y la homologación del personal ferroviario y del material rodante.

Las discrepancias son de tal calibre que Fomento ni siquiera respondió a seis de las siete propuestas que le envió la Generalitat. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, restó importancia al asunto: "Es una cuestión de detalle", dijo.