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Más irregularidades en los contratos públicos en la etapa de CiU

El rastreo de los contratos de las administraciones públicas catalanas en la recta final del pujolismo, concretamente entre 1996 y 2002, sigue dando de sí. La Sindicatura de Cuentas desveló ayer más irregularidades en relación con los contratos cerrados con Indra y empresas de su grupo, como Europraxis. Un ejemplo: la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación contrató en 2000 "de forma directa" a la firma Tourism & Leisure Advisory Services, SL, para que desarrollara un plan de negocio sobre el turismo rural catalán. Esta firma está controlada en el 70% por Europraxis, ligada a un hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

El contrato en cuestión ascendió a 20.915,22 euros, pero, más allá de la cuantía, la denuncia del síndico mayor, Joan Colom, se basa en que la fundación no aplica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en sus contrataciones pese a reunir los requisitos para ser considerada una entidad de derecho público. La nueva dirección de la fundación admite que "históricamente" no ha aplicado la ley, pero que se está "ya adecuando" a ella. La Sindicatura advierte en su informe, que amplía otro anterior a petición del Parlament, de que el sector público fundacional "no está debidamente identificado en Cataluña".

También se saltó la ley de contratación el Consorcio de Turismo (el Gobierno tripartito lo ha reemplazado por una agencia, con mayor peso privado). El consorcio dio tres contratos a Tourism & Leisure. El mayor, de 112.088,76 euros.

Otras irregularidades corresponden al Ayuntamiento de Cerdanyola, uno de los más de 400 consistorios que en su día no respondieron a los requerimientos de la Sindicatura sobre los contratos con Indra y Europraxis (como subidas del 20% del precio inicial de contratos que superaron los dos millones de euros en 1998, sin respetar la ley). O a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), que en los años investigados adjudicó a Indra 11 contratos por 648.208,8 euros, por fraccionar contratos para evitar hacer concurso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de enero de 2008