"Nos contaron que Ceballos pidió 12.000 euros por un informe favorable"

Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, entró en el despacho del juez que instruye el caso Guateque en calidad de imputado y salió como simple testigo "debido al espíritu de colaboración" que, según el juez, demostró en su declaración.

Acero, según la investigación de la Guardia Civil, podría estar implicado en la trama de cobro de comisiones ilegales para agilizar licencias desde su privilegiado puesto en la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde revisaba licencias de locales situados en zonas protegidas.

En un momento de la declaración, Acero detalló al juez sus relaciones con Victoriano Ceballos, el funcionario de la concejalía de Medio Ambiente sobre el que la investigación ha recabado más pruebas sobre su supuesta corrupción:

"Recuerdo haber recibido una llamada de Victoriano Ceballos en julio de 2007. Se interesaba por la posibilidad de que el informe desfavorable que se había emitido sobre el local de la calle de Santa Brigida pudiera volver a ser favorable. Aclaró que el informe, favorable o no, correspondía al departamento de Medio Ambiente, no al mío".

Tras esta explicación, Acero detalló al juez sus sospechas: "Un compañero de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Calero, que conocía a los propietarios del local de Santa Brigida, me dijo que Antonio Sanz Escribano [supuesto intermediario que desde su despacho tramitaba las licencias mediante el pago de comisiones ilegales a funcionarios] le había dicho que Victoriano Ceballos le había pedido dos millones de pesetas [12.000 euros] por emitir un informe favorable sobre la calle de Santa Brigida. Al conocer esta información sobre Ceballos, inmediatamente se la comuniqué a mis subordinados para que tuvieran precaución con las cosas que se mandaban a Medio Ambiente".

Acero declaró al juez que el expediente de Santa Brigida se abrió a raíz de la solicitud de una licencia para restaurante-discoteca y que en la tramitación se elaboraron dictámenes por parte de un órgano colegiado formado por miembros del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid siguiendo el cauce legal establecido.