El 'caso Funeraria', visto para sentencia 15 años después

Visto para sentencia. Los nueve acusados por el caso Funeraria abandonaron ayer la Audiencia Provincial de Madrid tras haber ejercido (algunos) su derecho a la última palabra. Termina así el juicio que comenzó en junio pasado y que tendrá que dictaminar si la funeraria municipal se privatizó de manera irregular.

"Siempre actué de acuerdo con Álvarez del Manzano", declara un ex edil

Una empresa privada, Funespaña, adquirió el 49% de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios por tan sólo 0,60 euros. Supuestamente, debía asumir a cambio una deuda de 2.274 millones de pesetas (13,6 millones de euros). Sucedió el 22 de diciembre de 1992. Pero dos meses después el Ayuntamiento perdonó esa deuda, lo que dio lugar a que PSOE e IU llevaran el caso ante los tribunales.

Quince años y casi un mes más tarde, los nueve implicados en la presunta venta irregular proclamaron ayer nuevamente su inocencia ante el juez y abandonaron tranquilos la Audiencia. Se enfrentan a penas de hasta 18 años por maquinaciones de precio, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

Entre los acusados en este juicio ha habido tres concejales del PP en la época de alcalde de José María Álvarez del Manzano. Según las acusaciones, utilizaron supuestamente su posición dentro del Ayuntamiento para favorecer los intereses de Funespaña. Ninguno de ellos desaprovechó la ocasión para exponer sus argumentos al juez, y de paso a la prensa que ha seguido este proceso. "Siempre actué con el acuerdo del grupo popular en el Ayuntamiento", declaró Luis María Huete, ex primer teniente de alcalde. "Proclamo mi honradez profesional y personal en este procedimiento", afirmó. Su compañero Simón Viñals, presidente de la funeraria municipal y concejal de Sanidad y Consumo en 1992, aseguró: "Siempre actué de acuerdo al resto de concejales y al alcalde de Madrid, y siguiendo los consejos de los técnicos". Antonio Moreno, ex concejal de Personal y Régimen Interior, se acordó de los medios de comunicación: "Creo en la justicia tras nueve años de calvario, sobre todo por la campaña de prensa, que me ha triturado profesional y políticamente". Esas palabras explican quizá por qué Moreno abandonó rápidamente la Audiencia sin hablar con los periodistas.

Sí habló Huete, que desde el inicio del juicio siempre ha atendido a los medios de comunicación. Muy sonriente y aparentemente tranquilo, subrayó su inocencia y repasó su trayectoria personal, profesional y política para concluir: "Nunca he tenido problemas con la justicia".

José Ignacio Rodrigo era el asesor municipal que aconsejó qué hacer con la funeraria. Según las acusaciones, Rodrigo contactó con los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, que eran en 1992 los máximos responsables de Funespaña. Siempre según las acusaciones, Rodrigo se valió de sus conocimientos acerca de las intenciones de vender la funeraria "para asegurarse una importante participación lucrativa de la operación". Rodrigo, ahora presidente de Funespaña, fue el acusado que más tiempo empleó en su turno de última palabra, que concluyó dirigiéndose al juez: "Me someto a su independencia objetiva y a su imparcialidad subjetiva".

Las penas de cárcel solicitadas por el fiscal para los principales acusados son menores que las que pidieron en un principio. Para los tres ex concejales (Huete, Viñals y Moreno), el fiscal solicita cuatro años y 10 meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación. Mientras, el fiscal pide 18 años de cárcel para Rodrigo y 18 años y siete meses para los hermanos Valdivia.