El fiscal cambia de criterio y pide que se investigue "sin límites" el Yak-42

En una institución jerarquizada como el Ministerio Público, hasta el más humilde de los fiscales refleja la opinión de su máximo superior. Pero cuando es el propio jefe quien interviene, queda fuera de toda duda su implicación personal. La presencia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en la vista del recurso contra el archivo del caso Yak-42, no defraudó la expectación. En contra del criterio seguido hasta ayer por la Fiscalía, se adhirió al recurso de las familias de los 62 militares muertos en el accidente aéreo del 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) contra la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de dar carpetazo a la investigación.

Sólo el ex secretario de Estado de Defensa con el PP pidió cerrar el caso

Zaragoza empleó tres argumentos contundentes en su alegato. En primer lugar, aseguró que la decisión del juez es contradictoria con la orden que, en julio de 2004, le dio la propia Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, la misma que ayer examinó el recurso, para que investigase el siniestro.

Además, tachó de "incorrecto procesalmente" el auto dictado por el juez, pues reconoce la existencia de un delito y, al mismo tiempo, ordena el sobreseimiento libre, que entierra para siempre el asunto, en vez de dictar un mero archivo provisional.

Por último, subrayó que el archivo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, del que no sólo son titulares los acusados, sino también las víctimas.

Zaragoza recordó que el Ministerio de Defensa pagó 171.350 dólares por el vuelo, pero la compañía operadora del avión, la ucraniana UM Air, sólo cobró 45.000. Los más de 125.000 restantes quedaron en los bolsillos de hasta cinco intermediarios en la cadena de subcontrataciones. La falta de descanso de la tripulación, la avería de una de las cajas negras o la ausencia de seguro fueron otras de las múltiples irregularidades que rodearon el accidente aéreo.

"Desde el principio, se ha cercenado la investigación y se han denegado diligencias que eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos", alegó. Zaragoza no quiso pronunciarse sobre el fondo del asunto, pero pidió "una investigación con profundidad y sin límites, para saber qué responsabilidades hay que exigir y a qué niveles".

Al inicio de su intervención, reconoció que el apoyo al recurso de las familias suponía un "cambio de postura" del Ministerio Público, aunque no reveló la causa. Hasta ahora, la Fiscalía había estimado que no había delito en la contratación del Yak-42, por lo que no recurrió el archivo decidido en junio del año pasado por Grande-Marlaska. En cambio, sí apreció delito en la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres, por lo que presentó recurso contra el archivo de esta segunda investigación, ordenado también por el juez en noviembre pasado. La vista celebrada ayer tendrá por tanto su continuación cuando la Sala vea estos recursos.

El cambio de actitud de la Fiscalía suscitó ayer la esperanza de los familiares de las víctimas, que llevan cuatro años y medio reclamando amparo judicial. Varios de ellos fueron recibidos el 12 de diciembre por el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien se comprometió a "hacer todo lo posible" por aclarar la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz.

Ayer, sólo el abogado de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa con Federico Trillo (PP), se opuso a que se reabra la investigación