El juez investiga al alcalde del PSOE de Orxeta por una estafa urbanística

El juzgado número dos de La Vila Joiosa ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, ambos del PSPV, por los supuestos delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios derivados de la compraventa de un terreno rústico incluido luego en la masiva recalificación recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

La familia del regidor multiplicó por cinco el valor de una finca rústica

En el pleno, los dos ediles apoyaron la recalifación de la finca de su familia

La denuncia también se extiende al hermano de Olcina, ex dirigente socialista y, a su vez, cuñado del alcalde. El querellante basa la acusación en supuestas irregularidades cometidas durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 y pendiente de la autorización definitiva por parte del Consell. El documento prevé 3.500 nuevas casas y un campo de golf.

La querellante sostiene que el 27 de mayo de 2003 vendió una finca rústica por 564.950,39 euros a cuatro familias, entre las que se encontraba el matrimonio formado por Vicente Olcina Llorca y María Vicente Lloret Sellés, hermano del entonces concejal de Urbanismo, y a su vez cuñados del alcalde. Los cuatro compradores vendieron el terreno un año después, el 23 de julio de 2004, a la mercantil Balcón de la Florida, del constructor Vicente Pastor, presidente del Benidorm CD, por un precio casi cinco veces superior, 2.614.453 euros. El suelo continuaba siendo rústico. El precio inicial, sin embargo, estaba sometido a unas condiciones suspensivas -cláusulas de regularización- en las que se pactaba lo siguiente: En caso de aprobarse por el Ayuntamiento de Orxeta un instrumento urbanístico que clasificara la superficie de la finca como suelo urbanizable en los cinco años y medio siguientes se incrementaba el precio en 1.789.909 euros, a los que habría que sumar otros 681.241 si la edificabilidad mínima era de 193.000 metros cuadrados de techo, o 408.744 si fuera al menos la mitad.

Según relata la querella, previamente al otorgamiento de la escritura pública de la segunda compraventa, el alcalde firmó un convenio urbanístico con la mercantil Balcón de la Florida por el que acuerda reclasificar los terrenos. El convenio se firmó el 5 de mayo de 2004 y en él se reconoce que dicho suelo será objeto de reclasificación urbanística en el nuevo PGOU e incluso asigna las tipologías edificatorias. En el pleno municipal votaron a favor del convenio los dos ediles.

La querella añade otros elementos. El 19 de abril de 2004 el Ayuntamiento sometió a información pública la alternativa técnica presentada por la mercantil Construcciones Valencia Constitución S.L. (CVC) para el PAI Sur-5, en el que se encuentran los terrenos ahora propiedad de Balcón de Florida. CVC subrogó ese mismo año los derechos a Residencial Golf Orxeta S.L., creada ex profeso. En la querella se señala que esta sociedad se creó el 2 de julio de 2004, de forma paralela a la venta de los terrenos y el convenio urbanístico de Balcón de Florida. El PAI no se tramitó de forma independiente y se incorporó en el nuevo PGOU, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 con los votos del PSPV-PSOE, que gozaba entonces de mayoría absoluta. Tras las elecciones los socialistas perdieron la mayoría absoluta y José Olcina dejó el área de Urbanismo para gestionar la de Fiestas.

La querellante estima que los primeros compradores conocían que los terrenos "iban a ser objeto de reclasificación", por la "necesaria connivencia" del alcalde y el responsable de Urbanismo, José Olcina, que era hermano del comprador. El edil además "recibió un préstamo de CVC en paralelo a la tramitación de la alternativa presentada por ella", lo que "no le impidió intervenir y participar con su voto en los plenos municipales en los que se decidía la cuestión".

El alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, declinaron ofrecer su versión al desconocer el contenido de la querella y no haberles sido notificada su admisión, que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre. Llinares, enfrentado con el PSPV-PSOE de La Marina Baixa, manifestó que la tramitación se ha realizado "con absoluta transparencia" y "siguiendo los trámites marcados por el PGOU".