"Ofrecí cuatro o cinco 'kilos' por la licencia del Rúber", declara un intermediario preso

El ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid Carmelo García, encarcelado por la trama del caso Guateque, declaró voluntariamente ante el juez Torres la víspera de Navidad. En la última admite haber ofrecido "cuatro o cinco kilos" a un funcionario del Ayuntamiento, Fernando Ruiz, para que agilizase una licencia para la clínica Rúber de Madrid. El PAÍS ha tenido acceso a las dos declaraciones, íntegras, prestadas por García. La Rúber niega en un comunicado haber pagado nada nunca al margen de la ley.

En su primera declaración, García negó todas las imputaciones que le hizo el juez. Hace años, García ya tuvo problemas con la justicia por tráfico de influencias en relación con licencias municipales, pero fue absuelto. En concreto, el juez Torres le preguntó por su intervención a favor de una licencia para obras en la Rúber, en la calle Juan Bravo de Madrid. El juez cree que, en connivencia con amigos suyos del Ayuntamiento, García intentó endurecer los requisitos municipales con vistas a que la Rúber -o alguien que decía actuar en nombre de esta clínica- tuviera que pagar una comisión fuerte si quería resolver los problemas que planteaba su licencia. La respuesta de García al juez en esa primera declaración fue: "No conozco a nadie de la clínica Rúber".

En realidad, en su primera declaración García lo niega todo. El juez le preguntó, además, por su intervención en la tramitación de otras licencias para la aseguradora Ocaso y para cafeterías y restaurantes situados en las calles de Manuela Malasaña, Servator, Piamonte, Curtidores o Flor Baja, 1, entre otros locales. Fue enviado a prisión. Aparentemente, porque García se limitó a negar evidencias, según fuentes jurídicas. Para borrar esa imagen, es por lo que pidió al juez ampliar su declaración inicial.

Lo hizo el pasado 20 de diciembre. Es cuando reconoce que hace trabajos para la firma AC 93, un despacho del que es directivo Santiago Castillo, otro de los encarcelados en la Operación Guateque. Castillo era una especie de conseguidor desde su designación como apoderado de AC 93 en 1995. Los dos máximos directivos de esta firma, Julián Ruben López y Eduardo Agustino Carrasco, se hallan en paradero desconocido. El juez les tiene en búsqueda y captura. Muchos dueños de locales de Madrid acudían a AC 93, calle de Atocha, 25, cuando el Ayuntamiento les ponía pegas a sus licencias.

En su declaración voluntaria, García señala que el ofrecimiento de los "cuatro o cinco kilos" a su amigo y funcionario municipal Fernando Ruiz es por encargo de Castillo. García señala al juez: "Que lo de la calle Juan Bravo [se refiere a la licencia de la Rúber] no conozco a nadie. Lo que pasa es que el despacho de Santiago llevaba ese tema y me dijo que como yo tenía amistad con Fernando, [pues] que tenían que hacerle [a la Rúber] un requerimiento importante (...) Y que si era necesario pagarle cuatro o cinco kilos [por ello a Fernando], se le pagaba". Fernando Ruiz, funcionario de la gerencia de Urbanismo, también está preso. Ruiz, en su declaración, admite que habló de dinero con García, pero señaló que son amigos y se trataba "de una broma". García avala el testimonio de Ruiz en su segunda declaración, en la que niega haber cobrado de comisiones. Admite, eso sí, que se interesó ante un amigo suyo del Ayuntamiento, donde él trabajó y tiene un hermano, por un bar de Malasaña. Pero explica que fue su jefe Santiago Castillo quien trató este tema con el dueño del bar. "Hablaron ellos solos, yo no oí nada ni pillé ninguna cantidad".

En la casa de una amiga de García se han hallado fotocopias de falsas licencias que el propio imputado elaboraba. También había un tapón o sello del Ayuntamiento, real, para estamparlo sobre esas licencias falsas y aparentar que eran válidas. Pero no hay pruebas de que tales falsificaciones hayan sido utilizadas.