Otra democracia africana al borde del colapso

Es pronto para saber si estamos ante un brote de violencia, que tenderá a amainar si se encuentra una solución rápida al embrollo político (nuevas elecciones, gobierno de transición), o en el inicio de otro conflicto africano. Aunque la quema de la iglesia de Eldoret abarrotada de mujeres y niños recuerda a las matanzas que dieron lugar al genocidio de Ruanda en la primavera de 1994, el problema de fondo de Kenia está más cerca de Costa de Marfil, la Suiza africana de la costa occidental, un modelo de convivencia, turismo y prósperos negocios que en diciembre de 1999 saltó por los aires tras un golpe de Estado que derivó en guerra civil.

Como en Costa de Marfil, y en tantos otros países africanos donde las fronteras coloniales obligaron a convivir a tribus enemigas, en el conflicto de Kenia hay un trasfondo étnico, que lo explica y lo convierte en extremadamente peligroso.

Desde la independencia del Reino Unido en 1963, la tribu mayoritaria, los kikuyu (22% de la población), ha gobernado ininterrumpidamente y sin contestación. Son los que se han beneficiado del gran crecimiento económico del país (cerca de un 6% del PIB) basado en el turismo. A los demás les ha tocado el umbral de pobreza.

Las elecciones del 27 de diciembre, tras el pésimo Gobierno de Mwai Kibaki que no cumplió sus promesas de regeneración, eran la esperanza y la oportunidad de los luo y otras tribus menores, pues su candidato, el líder del Movimiento Democrático Naranja, Raila Odinga, partía como gran favorito.

El robo fue de tal magnitud y su escenificación de una torpeza tan burda que ha encendido odios y desenterrado machetes y antorchas. El arrabal de Kibera, quizá la mayor concentración chabolista de África, se ha convertido en campo de batalla entre los luo y los kikuyu, que en los primeros días son los que parecen llevar la peor parte, sobre todo en el valle del Rift.

Los disturbios de estos días ponen en riesgo la estabilidad de un modelo poscolonial que ha generado una relativa prosperidad (mal repartida) y una ilusión de calma y seguridad, las suficientes como para que millones de turistas pudieran visitar despreocupados los parques naturales y las playas en busca de aventuras exóticas. Si Kenia perdiera ahora esa fuente de ingresos, que es la principal en su economía, aumentaría el riesgo de una hecatombe.

No es habitual asistir en África a un traspaso democrático y sosegado de poder entre un Gobierno y una oposición elegida en las urnas. Hay excepciones llamativas como Ghana, Senegal y la más reciente de Sierra Leona, donde el proceso estuvo a punto de descarrilar en agosto de este año cuando el Gobierno saliente se negaba a aceptar los resultados. La rápida intervención diplomática (británica, sobre todo) evitó el desastre.

En el África negra, donde conviven modelos tradicionales y estructuras de poder modernas, muchos gobernantes conciben su llegada a la Administración como una oportunidad única de saqueo, para ellos y para su tribu. La idea occidental de alternancia en el poder queda aquí desvirtuada como una alternancia en la corrupción. No es fácil tener visión de futuro cuando la esperanza de vida de un africano es la mitad de un europeo.

Kenia, como Suráfrica, es por su capacidad económica y ubicación geográfica un centro de riqueza regional. Las multinacionales las han escogido como sedes para sus negocios, y de ellas parten oleoductos y camiones que alimentan a las economías vecinas. Ese papel de agitadores de progreso lo deberían representar también países como Nigeria (el más poblado de África; más de 100 millones) y la República Popular del Congo. Si Kenia saltara en pedazos, como ocurrió con Costa de Marfil, las víctimas serían los kenianos y sus vecinos, muchos de ellos dependientes de la ayuda humanitaria que, como las empresas, eligió la paz de Kenia para sentar sus centros de reparto.