Habrá juicio por delito fiscal contra De la Rosa y 4 acusados

La Audiencia rechaza las peticiones de las defensas

Javier de la Rosa y cuatro personas más serán juzgadas por un supuesto delito fiscal cometido en la descapitalización de Grand Tibidabo. Así lo ha decidido la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, después de desestimar las peticiones de los abogados defensores. Será una vista atípica en la que la única parte que acusará será la Abogacía del Estado.

El abogado del Estado será la única parte acusadora a partir del día 14

Sobre De la Rosa y cinco acusados más pesaba también la acusación de apropiación indebida por quedarse con 68 millones de euros entre 1991 y 1994 que acabaron con los ahorros de 10.000 accionistas de Grand Tibidabo. Pero el pasado 10 de diciembre, la fiscalía y los abogados de los perjudicados alcanzaron un acuerdo extrajudicial con las defensas para que se les impongan penas menores a cambio de confesarse culpables. El acuerdo también conlleva la absolución de Mercedes Misol, esposa de De la Rosa.

Ese reconocimiento de los hechos se debe producir el próximo 14 de enero y, de ser así, De la Rosa sería condenado a tres años de cárcel y los otros cinco acusados, a penas de un año. Entre ellos figura Manuel Prado y Colón de Carvajal, a quien el tribunal ha excusado de no asistir al juicio por su estado de salud.

Después de esa previsible confesión es cuando se iniciaría el juicio por delito fiscal contra De la Rosa, Florencio Cerdà, Juan Cruells, Arturo Piñana y Carolina Malagelada. Para los tres primeros, el abogado del Estado solicita penas de cuatro años de cárcel y de dos años y dos meses para los restantes, además de una indemnización conjunta de 1,62 millones de euros. Ésa es la cantidad que, según la Abogacía del Estado, defraudaron a Hacienda Grand Tibidabo y las sociedades instrumentales utilizadas en las operaciones de ingeniería financiera.

La explicación por la que la Abogacía del Estado no se sumó al pacto extrajudicial radica, según explican diversas fuentes judiciales, en que eso supondría renunciar a cobrar la deuda de 24,1 millones de euros que Grand Tibidabo tiene con Hacienda y que está pendiente de la tramitación de la quiebra que presentó la compañía en 2004, con un pasivo de 30,38 millones de euros de deuda.

Los defensores consideran que ese juicio no debería celebrarse y así lo reclamaron al tribunal, pero los jueces no les han dado la razón, a pesar de que ya dejan entrever que es discutible acusar de delito fiscal a alguien que no ha declarado a Hacienda las "ganancias ilícitamente obtenidas", en expresión del tribunal.

El presidente de la Sección Tercera, Fernando Valle, explica en un auto que fue conocido ayer que esa cuestón jurídica "bien pueda ser el único punto de fondo sobre el que este tribunal deba pronunciarse". Pero también añade que los jueces lo harán cuando dicten sentencia, tras el juicio. Y no antes, como solicitaban los abogados de las defensas, quienes han visto rechazadas todas sus otras peticiones.

Francesc Jufresa, defensor de De la Rosa, invocó indefensión de su cliente y vulneración de las garantías procesales, pero el tribunal considera que nada de eso ocurrió durante la investigación que realizó el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El tribunal también rechaza la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa y recuerda que esa petición ya fue formulada y desestimada en 1997 y el abogado no recurrió para seguir defendiendo su postura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0002, 02 de enero de 2008.