"Ceballos es, sin duda, el único chorizo"

"Llevo dos años y medio en el departamento y lo que me encontré cuando llegué era lo más parecido a una situación caótica". Uno de los imputados en la Operación Guateque, Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha roto su silencio desde la cárcel de Alcalá-Meco. Este funcionario, que ingresó en el Ayuntamiento en 1968, está acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y acusa a sus superiores (incluidas "la concejal" del área, antes de las últimas elecciones Paz González y ahora Ana Botella) y a algún subordinado, en especial a Victoriano Ceballos, de la trama de corrupción en la concesión de licencias para locales de ocio.

Joaquín Fernández, jefe de Evaluación Ambiental, acusa a jefes y subordinados

"El inductor de este proceso ha sido un concejal del equipo de gobierno"

La carta consta de nueve folios escritos a máquina y está firmada en Alcalá-Meco el 8 de diciembre. El imputado arremete contra el juez instructor, Santiago Torres. "El razonamiento de su señoría es un despropósito, una elucubración propia de un malintencionado o de una persona poco juiciosa (o quizá demente). O lo más probable, de un personaje ávido de notoriedad que por alcanzarla no duda en pisar y atropellar sin ningún sentido de la justicia", afirma. "Para conseguir su objetivo no ha dudado en meterme en la cárcel. Tenía como supuestos implicados a media docena de peritos (técnicos de grado medio), algunos empresarios desconocidos de diferente fortuna y nada más. ¿Qué mejor que inculpar a un alto funcionario del Ayuntamiento con una larga trayectoria profesional intachable, con cierto prestigio y categoría?", se pregunta.

Fernández de Castro afirma que nunca ha prevaricado. Mantiene que en 40 años que lleva en la Administración ha firmado decenas de miles de expedientes y que en ninguno ha emitido "a sabiendas" un informe falso. "Pero es que voy más lejos, nunca nadie me lo pidió", añade. "Yo no he dado trato de favor a nadie. He tenido que lidiar con una difícil situación, sin medios para resolverla, y con unos jefes (responsables de Medio Ambiente) que, conociendo el problema, no tenían el menor interés en resolverlo. ¿A quién hay que pedir responsabilidades: a la concejal [en referencia a la ex edil Paz González, ahora responsable de Obras o a la actual, Ana Botella], al coordinador [Ignacio López-Galiacho], el director general [Ramón Sánchez] o quizás al departamento?", se pregunta.

Carga contra Victoriano Ceballos, al que identifica con iniciales: "Por lo que yo he conocido después de mi detención, V. C. podría tener como uno de los colaboradores más frecuentes a un tal R., socio de una empresa llamada A. Al parecer, un técnico de inspección de Medio Ambiente se lo presentó. V. C. es, sin duda, el único chorizo". Además, asegura que todos los informes de su departamento iban firmados por su superior, el director general: "Yo sólo he firmado los expedientes que van desde julio de 2007 (...)".

Fernández de Castro asegura que la situación de los expedientes ya era "caótica" cuando llegó a Medio Ambiente, en 2005. "La causa era la aprobación a principios de 2005 de una ordenanza disparatada: la de Evaluación Ambiental de Actividades. Y al poco tiempo se aprueba el bodrio de ordenanza de Licencias Urbanísticas. Se quería abarcar mucho y no se pusieron los medios. Era imposible atender las competencias que la nueva norma otorgaba con sólo tres técnicos y cuatro administrativos", afirma. "El número de expedientes fue creciendo y pronto se formó un atasco con más de 800 en espera del informe. Los informes ambientales se retrasaban hasta dos años", añade.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, clama: "Este escrito, que debe ser tomado con prudencia, viene a corroborar que existe una clara conexión política del equipo del alcalde, por acción u omisión, en el caos de las licencias en Madrid. Gallardón no puede seguir mirando para otro lado. Tiene que investigar con una comisión ya, no esperar al juez, y depurar responsabilidades, tal y como nosotros hemos pedido: la dimisión de las concejales Paz González y Pilar Martínez (edil de Urbanismo)".

Según Pérez de Castro, hay más: la custodia de los expedientes "era muy deficiente, por no decir nula. Se apilan en estanterías abiertas a las que tiene acceso cualquier persona. No están en armarios cerrados, sino a la vista en estantes accesibles, sin ningún obstáculo para abordarlos. Es sencillo manipularlos (...) o incluso hacerlos desaparecer".

"Al Área de Medio Ambiente han llamado concejales, técnicos de juntas, de urbanismo, de altos cargos municipales, de la calle... ¿Se han adelantado expedientes? Los menos. Con carácter general, se ha seguido de forma rigurosa el turno que les correspondían", sostiene. Se pregunta por qué ha habido tales filtraciones: "¿No será que alguien del departamento quería colgarse medallas o devaluar la gestión de otros?". "Hasta las celdas de Alcalá-Meco ha llegado el rumor de que el inductor de este proceso ha sido un concejal del equipo de gobierno. La concejalía que él dirigía en la anterior legislatura era una de las más conflictivas. ¿Qué busca? ¿A favor de quién juega?", continúa.

"De mi experiencia y mis relaciones con otros imputados en los calabozos y en la cárcel deduzco que no hay ninguna trama delictiva. Sí parece que algunos desaprensivos han actuado individualmente y se lo han llevado", reflexiona.

Y ve también un fin oscuro: "Y ahora, a privatizar las licencias. ¿Hay algún interés empresarial o económico en esto?".