La Cámara respalda a las empresas de la 'Y' en pleno acoso de los radicales

Los grupos representados en el Parlamento vasco, a excepción de EHAK, expresaron ayer su respaldo a las empresas que participan en la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad conocida como Y vasca, ante las amenazas y los ataques lanzados desde ETA y su entorno. EHAK no participó en la votación de la resolución promovida por el PP, aunque en el turno de palabra su portavoz, Julián Martínez, acusó al resto de los partidos y a los gobiernos central y vasco de "criminalizar al movimiento de oposición al tren de alta velocidad". Los partidos que sostienen al Gobierno (PNV, EA y EB), así como socialistas y populares replicaron que es legítimo oponerse a la construcción de la línea que va a unir a las tres capitales vascas con el eje ferroviario Madrid-París, pero no lo es recurrir a "las amenazas, las coacciones y los ataques". Incluso EB, abiertamente contraria al proyecto, respaldó la iniciativa porque "no se puede usar la violencia para hacer oposición".

EHAK no participó en la votación y dice la oposición es "criminalizada"

"Nada tiene que ver la desobediencia civil con poner artefactos" (EA)

"La única criminalización es la que ejercen los violentos", subrayó Rafa Larreina (EA). "Nada tiene que ver la desobediencia civil con poner artefactos, quemar maquinaria y amenazar a trabajadores", agregó. La iniciativa de apoyo a las compañías involucradas en la Y ferroviaria, que tendrá un coste superior a los 4.500 millones de euros, asumidos íntegramente por la Administración central, se produce tras conocerse que ETA ha situado la paralización del proyecto como uno de sus principales objetivos estratégicos. Una empresa subcontratada abandonó en septiembre los trabajos tras una campaña de acoso y al menos otras dos han sufrido posteriormente ataques en sus oficinas y maquinaria.

La tranquilidad de la sesión de ayer se truncó a la hora de las interpelaciones, cuando el portavoz popular, Leopoldo Barreda, acusó al Ejecutivo de"poner en el punto de mira" de ETA a los jueces con las continuas descalificaciones de sus sentencias y actuaciones, como el encausamiento de Ibarretxe y la condena del entorno de ETA. La consejera Miren Azkarate cuestionó la legitimidad del PP para dar lecciones en este sentido y recordó que tiene bloqueado el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial en su afán por controlarlos.