"Nadie nos ha ofrecido una casa"

Teresa de Fez, de 59 años, estaba tranquilamente en su casa cuando, en torno a las cinco de la tarde del pasado 5 de noviembre, se vino abajo el balcón de la vivienda de al lado y poco después el muro de la planta baja.

Teresa de Fez, de 59 años, estaba tranquilamente en su casa cuando, en torno a las cinco de la tarde del pasado 5 de noviembre, se vino abajo el balcón de la vivienda de al lado y poco después el muro de la planta baja. Al poco, los bomberos ordenaron el desalojo del número 5 de la calle de Salinas, en pleno barrio de El Carme, en Valencia, por peligro de derrumbe y los tres vecinos que habitaban el inmueble se vieron en la calle. A Teresa, la única propietaria que residía en el inmueble, la acogió su hija, y la familia de al lado, una mujer con cuatro hijos que vivía alquilada, buscó refugio en una comunidad religiosa. "Ni el Ayuntamiento ni la Generalitat se ofrecieron a darnos una casa", cuenta casi dos meses después Teresa. Ante tanta indiferencia, esta mujer acudió a la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch, para que mediase ante la alcaldesa Rita Barberá. Pide que la realoje.

El problema de Teresa arranca en los años noventa, cuando la Generalitat condenó su finca a la expropiación. Su casa estaba afectada, con otras 15 más, por el plan de restauración del Torreón Árabe. "Me enteré por un vecino, propietario de varios pisos en la calle, que puso el asunto en manos de abogados. Hace años me dijo: 'Teresa no reformes este piso porque te lo van a quitar. Esta finca va fuera porque tenemos un torreón".

El retraso que arrastra el plan, unos 16 años, ha colocado estos inmuebles al borde de la ruina. "Por la expropiación te pagan poco, y más si se ha caído el edificio. Y a cambio te venden una vivienda casi a precio de mercado. Es un asalto, como en tiempos de Al Capone", exclama Teresa.Teresa muestra su impotencia. "Durante toda la tramitación del plan, que se ha hecho eterna", apunta, "hemos pedido que se salvaran todas las casas". A otro afectado por el plan de la muralla, José Luis March, la Generalitat, que ejecuta el proyecto, le ofrece 22 millones de las antiguas pesetas por una vivienda-taller de 350 metros cuadrados en la calle de Mare Vella. "Ellos no te dan a cambio un local. Me ofrecen 540 euros por metro cuadrado, cuando la VPO está a 1.500 euros", dice José.

José, Teresa y otros vecinos afectados por esta actuación negociaron a principios de 2000 con la Generalitat para salvar el mayor número de casas posibles. Fue un éxito, porque consiguieron excluir la mayoría, pero no las suyas. Creen que no es necesario tirarlas. Las actuaciones llevadas a cabo en las calles de Roteros y de Serranos no han supuesto el derribo ni de las viviendas ni de los locales comerciales.

Teresa se rebela contra su suerte: "Si otras casas afectadas por la actuación no se verán afectadas. ¿por qué la mía, sí?" La mayoría de sus pertenencias están todavía dentro de su casa. Tras el desalojo le han entrado y robado en casa. Y por si fuera poco, por los trabajos de saneamiento del edificio, Secopsa ha pasado a los propietarios una factura de 36.000 euros.

"Está claro que quieren sacar la muralla y todos estamos de acuerdo. Pero, al final, lo poco que pueden sacar será a costa de nuestras casas, gente a la que pueden expropiar sin ningún tipo de problemas". dice José.

La Generalitat dijo ayer que el realojo corría a cargo del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia y que Teresa debía solicitar el realojo. Esta vecina asegura que se ha dirigido al Consistorio y al Ivvsa y que nadie le ha respondido.