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Los socialistas asumen que TV-3 quede en manos nacionalistas

La reforma de los medios públicos choca con las cuotas de partido

Enric Company

¿Es posible que en época de gobiernos del PSOE el director general de RTVE sea un profesional afín al PP? O al revés, que un periodista filosocialista esté al frente de la propia RTVE, la televisión valenciana o la gallega en etapas de gobiernos del PP. Eso tan difícil de imaginar está a punto de suceder en la potente radiotelevisión de la Generalitat.

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Independencia y neutralidad

Todo indica que el periodista Albert Sáez, un nacionalista moderado que en 2003 preconizó la formación de un Gobierno de CiU y ERC en vez del primer tripartito de izquierdas, será el próximo presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el organismo que engloba las emisoras de radio y televisión de la Generalitat. La figura de Sáez, un hombre de confianza del consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, republicano, logra el consenso entre el tripartito de la izquierda y CiU, el principal partido de la oposición.

El principal partido del Gobierno catalán actual, el socialista, ha renunciado a continuar la práctica instaurada desde el nacimiento de TV-3, consistente en que el director general fuera siempre un hombre del Gobierno. Es decir, entonces un destacado militante nacionalista, de CiU. Siempre. Y además, nombrado directamente por el presidente Jordi Pujol entre dirigentes de su más estricta confianza personal y política. La nómina es ilustrativa e incluye a figuras que pasaron directamente de secretarios de organización de Convergència a TV-3.

Los tres partidos de la izquierda, coincidiendo en esto con los sectores periodísticos más activos en la defensa de la profesión, tomaron durante los últimos años del pujolismo la bandera de la independencia de los medios públicos respecto del Gobierno y exigieron su neutralidad partidista. Ahora hacen honor a ese compromiso.

Sin embargo, en aquella batalla, iniciada en 1999 por Pasqual Maragall desde la oposición, se registró un olvido que ahora queda patente: reclamar también a TV-3 y las radios de la Generalitat un mayor distanciamiento en la pugna entre nacionalistas y no nacionalistas, permanente en Cataluña, y desde luego también en toda España, aunque vista a través de prismas ciertamente distintos.

Este olvido está creando problemas ahora que una nueva ley introduce la desgubernamentalización de los medios audiovisuales de la Generalitat. Esta ley atribuye al presidente de un consejo de gobierno los poderes que hasta ahora tenía el director general. Y determina que su presidente ya no sea elegido por el Gobierno, sino por el Parlament con una mayoría de dos tercios, imposible de alcanzar sin el consenso con la oposición.

A la hora de poner en práctica esta ley, al PSC le ha sobrevenido el vértigo propio de los momentos en que se producen grandes renuncias. Lo ha expresado con inhabitual claridad el portavoz del PSC en estos asuntos, el diputado Joan Ferran. "Queremos una televisión nacional, no una televisión nacionalista", ha dicho. No sólo eso. Ferran ha denunciado la pervivencia de una "costra nacionalista" en los medios de la Generalitat, formada en las décadas de los gobiernos de CiU, que han podido seguir emitiendo en su clave político-ideológica porque a la cobertura política de CiU le ha sucedido una cierta identificación con ERC, uno de los socios del tripartito.

La exigencia de Ferran ha provocado un inmediato alineamiento. Al PP y a Ciutadans les ha faltado tiempo para aplaudirle. Pero los partidos nacionalistas, CiU y Esquerra Republicana, y los destacados profesionales de radio y televisión a los que ha aludido el dirigente del PSC le han acusado de atacar la libertad de expresión y de perseguir al nacionalismo catalán.

A darle la razón ha venido también la propia CiU. La diputada de CiU Joana Ortega defendió sin rubor alguno el jueves en el Parlament que estos medios deben emitir en clave nacionalista. "Si TV-3 y Catalunya Ràdio fueran unos medios como otros, pero en catalán, no tendrían razón de ser", afirmó.

En las negociaciones en curso estos días para formar el futuro consejo de gobierno de la CCMA no se cuestiona el nombre de Sáez. En la actualidad es secretario de Comunicación del Departamento de Cultura del Gobierno catalán, dirigido por Tresserras. Pero antes fue subdirector del diario Avui, en unos años en los que este periódico nacionalista dependía totalmente de las subvenciones de los gobiernos de Pujol. Es uno de tantos casos de "transversalidad" entre CiU y ERC.

Las dificultades están en lograr que el perfil político del consejo sea relativamente bajo. Se han propuesto nombres como los del portavoz de Convergència, David Madí; la ex diputada socialista Anna Balletbó; el ex consejero y ex diputado Joan Manuel del Pozo, también socialista, y el ex jefe de prensa de ICV Josep Viñeta. Al escoger perfiles tan marcados, los partidos han sembrado la duda sobre la sinceridad del proceso, hasta el extremo de que el Colegio de Periodistas de Cataluña lo ha considerado un paso atrás.

Los impulsores de la nueva ley perseguían dos objetivos distintos, aunque relacionados: arrancar los medios públicos de las manos del Gobierno y hacerlos independendientes de los partidos. En el primero se ha dado un paso de gigante. En el segundo, de hormiga.

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