Radiografía del 'mobbing' en Ciutat Vella

Mobbing inmobiliario. Ya casi no hace falta explicar qué significan estas palabras. El fenómeno nació al abrigo del espectacular aumento de la vivienda que ha sufrido Barcelona en el último lustro y desde entonces se ha cebado con especial virulencia en Ciutat Vella, un distrito que en los últimos años ha visto como el precio del metro cuadrado de la vivienda subía un 200%. Es muy complicado precisar cuántos afectados por mobbing inmobiliario hay en el distrito, pero sí resulta fácil establecer un perfil tipo de víctima: ancianos sin formación cultural, bajos ingresos y poseedores de un contrato de alquiler indefinido y de renta antigua. Pero el fenómeno se ha universalizado a todo tipo de inquilinos que, por pagar un alquiler bajo, puedan suponer un freno al crecimiento económico de empresas e inmobiliarias.

Este es el problema con el que tendrá que lidiar la socialista Itziar González, que asumió la concejalía del distrito de Ciutat Vella después de las pasadas elecciones municipales. Su trayectoria como mediadora en conflictos vecinales le ha hecho ganar cierto crédito entre los colectivos antimobbing y los propios afectados. De momento, la concejal anuncia que en breve estará en marcha una nueva oficina de mediación y vivienda, además de un mapa del mobbing en Ciutat Vella que verá la luz a principios de 2008. "En tanto que autoridad como Administración pública convocaremos al propietario cuando sospechemos que acosa a sus inquilinos. Estudiaremos su ficha personal y sus antecedentes. Nos sentaremos con él y con la víctima y veremos cómo resolver el problema. Si eso no fuera suficiente, en última instancia denunciaríamos al propietario", explica González.

Hace unas semanas, el Distrito denunció ante el juzgado de guardia de Barcelona a las dos sociedades, Mancia 2003, SL, y Taravaurus 8085, SL, propietarias del edificio situado en el número 29 de la calle de Robadors. La finca se encuentra en la Illa Robador del Raval, en el epicentro de una revolución urbanística que está cambiando la cara del barrio. Esa denuncia precedió a una querella criminal que ocho entidades cívicas de Barcelona presentarán en breve. Por el momento toda esta ofensiva legal ha conseguido detener el desahucio por la fuerza de uno de los inquilinos, Manel González.

Entre las entidades firmantes de la querella figura el Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística."La Administración debe tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Rehabilitando fincas para que el dueño no pueda alegar estado de ruina y así tener la excusa para echar a los vecinos. Y que cuando la Guardia Urbana tenga conocimiento de cortes de agua, luz u otro síntoma que insinúen un caso de mobbing, levante acta, acuda al piso y lo corte de raíz", dice Albert Sancho, miembro del Taller.

Basura, ratas, humedades, goteras, suelos hundidos, portales y escaleras desmanteladas... Así es como tienen que vivir muchos afectados por acoso inmobiliario en Ciutat Vella. Todo forma parte de un plan orquestado por algunos propietarios para echar a sus inquilinos de sus casas y sustituirlos por otros con mayor poder adquisitivo. "Esto no acabará hasta que la vivienda pueda ser pública como la sanidad y la educación", dice Sancho. El Consistorio rechaza las críticas y asegura que lleva tiempo intentando resolver un problema de difícil solución. "Hacemos lo que podemos, pero es complicado. ¿Hasta que punto una Administración puede interferir en un conflicto del ámbito privado?", se pregunta una portavoz municipal.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atiende a víctimas de mobbing, pero la mayoría de veces se limita a asesorarlas sobre las opciones que tienen para solucionar su problema. Colectivos vecinales y afectados coinciden en criticar la "ineficacia" y "pasividad" de este organismo. "Movilizamos a los servicios sociales cuando se trata de casos graves y a veces acompañamos al afectado al juzgado, pero no podemos hacer mucho más", explica otro portavoz municipal. Este año la OMIC ha trasladado a la fiscalía siete casos de supuesto acoso, pero nunca se ha presentado como acusación particular. "Si la Administración lo hace en casos de daños al mobiliario urbano, por ejemplo, puede hacer lo mismo con el acoso inmobiliario. Se supone que es más importante un ciudadano que un contenedor o un cajero automático quemado", critica Jaume Asens, vocal de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Cataluña.

No existe un recuento sobre cuántos afectados por acoso existen en Barcelona. En 2007 la OMIC había recibido 185 consultas y el Síndic de Greuges atendió a 247 ciudadanos por problemas derivados de la vivienda, de los que sólo el 1,27% tenía relación con el mobbing. Son cifras muy bajas que no reflejan la realidad. El mobbing inmobiliario como tal aún no aparece recogido en la ley. "Es un fenómeno relativamente reciente y en un juicio se trata como un delito de coacción. Pero los jueces empiezan a tomar conciencia del problema", sostiene Asens.