Olano se queda solo en la defensa del decreto del Impuesto de Sociedades
Las Juntas le advierten de que el tipo del 28% podría quedar sin efecto
El diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Markel Olano, se quedó ayer solo en las Juntas Generales a la hora de defender la imposición de la unidad fiscal en el caso del Impuesto de Sociedades vía decreto-norma.
El resto de los grupos, incluido EA, su socio de gobierno, le recriminaron que trate de implantar un tipo general del 28% (el que rige en Vizcaya y Álava desde marzo) en contra del criterio de la mayoría de la Cámara. Y le advirtieron de que su decisión puede quedar sin efecto por parte de los tribunales.
Todos los partidos, salvo el PNV, tachan la medida de "fraude de ley"
El culebrón del Impuesto de Sociedades hace tiempo que trascendió el debate puramente fiscal y se instaló en el campo político. El acuerdo de gobierno entre el PNV y EA está sumido en su peor crisis desde principios de mes, cuando el partido jeltzale rechazó en las Juntas, a espaldas de su socio, el tipo del 30% que había aprobado en el seno del Ejecutivo foral. Este gravamen sólo obtuvo el apoyo de EA y el PSE, por lo que no salió adelante.
La brecha entre los socios de gobierno quedó patente de nuevo ayer. Olano y su partido se empeñaron en defender que el decreto-norma es un instrumento "provisional", que se aprobará antes de fin de año para aplicarlo al ejercicio 2007 y que servirá de punto de partida para una reforma integral del Impuesto de Sociedades en el conjunto de Euskadi. Justificaron su utilización en la necesidad de evitar la desarmonización fiscal y promover la competitividad de las empresas.
Sus explicaciones no convencieron a los demás. Coincidieron en que el decreto es "antidemocrático" y "un fraude de ley". De hecho, todos aprobaron una resolución en contra de dicho decreto y ratificaron que no lo convalidarán cuando llegue al parlamento territorial.
Y aquí surge el problema jurídico. El PNV entiende que la negativa de la mayoría de la cámara se quedaría en un mero varapalo político, pero que la tasa del 28% se podría aplicar a los beneficios empresariales de 2007. El resto entiende que no está justificada la regulación del impuesto por decreto, pues no ven razones de extraordinaria y urgente necesidad. Así que, con toda probabilidad, el tema acabará en los tribunales. El PSE ya dijo ayer que instará a la Mesa de la Cámara a presentar un recurso.
Frente a esta polémica, y como estaba previsto, las Juntas dieron luz verde al presupuesto foral con los votos del PNV, EA, EB y Aralar.
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