La oposición cuestiona la legalidad del aval público al proyecto de Afer

La oposición y expertos juristas cuestionan la legalidad de los convenios suscritos hace un año entre la Diputación de Vizcaya y el grupo Afer para el plan empresarial de poner en marcha en Alonsotegi una fábrica que construya pisos en serie mediante módulos, con una inversión de 70 millones de euros.

La Diputación ha tardado un año en enviar a las Juntas los convenios

La institución foral se ha comprometido a comprar 1.500 pisos, la mitad de la producción prevista en el primer año, lo que supondría el incumplimiento de la ley de contratos públicos e incluso una posible infracción de la normativa comunitaria sobre la competencia por ser ayudas del Estado. La Diputación ha sostenido que estos convenios tienen "toda la cobertura legal" y que la adquisición de los pisos sólo supone el 0,5% de la amortización de la inversión de la firma.

Este proyecto se conoció hace más de un año pero los convenios, firmados el 15 de diciembre de 2006, no han sido presentados hasta el pasado jueves ante las Juntas Generales. Ese día, la Diputación los envió a la presidenta Ana Madariaga tras las reiteradas peticiones de información del PSE. Los socialistas solicitaron estos datos a principios de año, pero no obtuvieron respuesta. La disolución de la Cámara provincial, debido a las elecciones de mayo, hizo que el asunto quedara en el olvido hasta que en septiembre el grupo juntero del PSE volvió a pedir los convenios, que ayer no había recibido.

El acuerdo se basa en tres convenios: el primero, sobre la venta de suelo en Alonsotegi, donde se ubicará la fábrica de Habidite; el segundo, en el que viene el compromiso de adquirir un mínimo de 1.500 viviendas, y el tercero, en el que la Diputación garantiza la subvención íntegra de la formación y reciclaje de los trabajadores contratados (unos 1.100, según el proyecto) y también sufragar todos los gastos en investigación e innovación en este proyecto.

El segundo es el convenio más cuestionado. El PSE cree que se ofrecen unas condiciones "absolutamente ventajosas" al comprometerse la compra de 1.500 pisos sin que haya existido ningún concurso ni otras ofertas. El socialista Josu Montalbán ve fundamental que se dispongan de los informes de legalidad de los convenios. En su opinión, la empresa tiene unas "prebendas terribles", porque se facilita una parcela de suelo, "se paga ya la formación de los trabajadores y se compran las primeras 1.500 viviendas que se fabriquen".

Carlos Olazabal, portavoz del PP en las Juntas, manifestó sus "dudas sobre la legalidad" de los contratos y anunció la petición de que la Diputación lo explique en la Juntas. "Son contratos curiosos", dijo. Las elevadas contrapartidas económicas requieren, agregó, que sean aprobadas por las Juntas o tengan una consignación en los presupuestos, "pero no aparecen ni como gasto anual o plurianual", agregó. Cuestionó también que haya una subvención íntegra a la investigación.

Juristas y expertos consultados señalaron que aunque habitualmente los convenios son entre administraciones, también pueden ser con particulares. "Pero en este caso, siempre tiene que ser bajo los principios de publicidad y concurrencia", lo que no se da en este caso. A ello agregan que no existe una consignación presupuestaria, "por lo que la Diputación adquiere unas obligaciones no soportadas por los presupuestos", señalan. Por ello, consideran que se incumple la ley de contratos de las administraciones públicas y recuerdan la obligación de que los convenios se publiquen en el boletín oficial de la Unión Europea.