Blanco defiende la legalidad del plan eólico

El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, defendió ayer en el Parlamento el recién aprobado decreto regulador del aprovechamiento eólico de Galicia y aseguró que la normativa cumple estrictamente la legalidad.

Blanco explicó que el decreto favorecerá la apertura del sector a nuevos operadores, establece un marco transparente en las autorizaciones y permitirá "el aprovechamiento de forma colectiva de los beneficios de la nueva potencia que se instale". El Gobierno de la Xunta lo que pretende, explicó, es que la "explotación eólica lleve consigo la creación de un entramado industrial generador de riqueza y empleo". A partir de ahora, señaló el conselleiro, se pone en marcha un modelo "socialmente responsable" que permita el aprovechamiento de forma colectiva de los beneficios. El retorno social se recogerá en un documento de compromisos adicionales presentado por los solicitantes de nuevas concesiones que podrá suponer hasta el 30% de la valoración total.

El portavoz del PP, Ángel Bernardo Tahoces, se mostró a favor de que Galicia obtenga compensaciones en el ámbito energético, aunque en su opinión deberían canalizarse a través de una reducción de la tarica eléctrica y no mediante la participación en las empresas.

Quiebra de confianza

El modelo elegido por la Xunta, subrayó Tahoces, "es ilegal", como ha señalado el Consello Consultivo cuando denuncia que se otorgue preferencia a las empresas que ofrezcan participación pública. En última instancia, concluyó, el plan eólico de la Xunta no representa un modelo de aprovechamiento eólico y sí una "quiebra de la confianza de un sector estratégico".

El conselleiro rechazó las críticas del portavoz popular y reveló que no ha habido ningún parón en el desarrollo del sector durante el periodo de preparación del plan, como demuestra el hecho de que la potencia instalada se ha incrementado un 15%.

En la misma sesión plenaria del Parlamento, los tres grupos con representación en la Cámara se pusieron de acuerdo para respaldar, a partir de una iniciativa del PP, una proposición no de ley sobre Navantia. El texto final insta a la Xunta "a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno de España para que la integridad del actual astillero en Fene sea dedicada a la construcción, así como a las reparaciones navales, civiles y militares".