La Junta derriba por orden judicial las primeras viviendas ilegales de Córdoba

La excavadora dio la primera dentellada al ladrillo a las diez y media de la mañana. Y, unos minutos después, sólo quedaban cascotes en el solar. Sobre los escombros se sentó Jesús Casas, el dueño de la parcela. Su chalé de la urbanización ilegal Pedrique de Obejo (Córdoba) fue el primero en caer ayer.

Luego, las máquinas acabaron con cuatro edificaciones más de la misma parcelación. Se trata de las cinco primeras casas ilegales que se derriban en la provincia de Córdoba tras una orden judicial. Es un hecho histórico para la Junta de Andalucía, encargada de ejecutar la sentencia de demolición y empeñada ahora en poner frena al urbanismo desordenado en la comunidad. Y es una tragedia para las cinco familias que vivían o pasaban los fines de semana allí y que, según dicen, pagaron entre 60.000 y 90.000 euros por unas parcelas en las que sabían que no se podía construir al estar en suelo no urbanizable.

La Policía autonómica impidió que hubiera altercados durante la operación de demolición y restauración del terreno. Sólo uno de los moradores, Antonio Alonso, tuvo que ser evacuado en una ambulancia al sufrir un ataque de ansiedad. Él y su mujer eran los únicos que residían de forma habitual allí.

La demolición de ayer se produjo tras una sentencia del Juzgado de lo Penal, de 1 de noviembre del 2006, confirmada en marzo por la Audiencia.El fallo condenó al promotor a un año y ocho meses de prisión, a una multa de 2.520 euros y a hacerse cargo del derribo de las edificaciones, algo que finalmente no ha ocurrido, por lo que la Consejería de Obras Públicas, que había reservado para este año seis millones de euros para hacer frente a demoliciones, ha costeado la operación.

Los cinco moradores de las casas han intentado frenar los derribos hasta el último momento en el Tribunal Constitucional. Ayer se quejaron de que, durante todo el proceso judicial, ellos no han estado personados, ya que el promotor no mencionó que había vendido las parcelas a terceros. "Hemos pagado el pato nosotros", dijo ayer Fernando Lora, uno de los afectados.

El abogado de los cinco parcelistas, Rafael Aranda, reconoció ayer que entre el promotor y sus clientes sólo existe un contrato de compraventa que no fue registrado, aunque indicó que han aportado facturas bancarias que acreditan la transacción. Aranda anunció que demandarán al constructor por presunto delito de estafa.