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El Gobierno catalán afirma que Zapatero incurrirá en "grave incumplimiento" si no traspasa Cercanías

Nadie en el Gobierno catalán confía ya en que la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que debía celebrarse el miércoles de la próxima semana pueda llevarse a cabo en la fecha prevista. El Gobierno central no ha dado señal alguna de estar en disposición de materializar las transferencias previstas para esta reunión -Cercanías, Inspección de Trabajo y comunicaciones electrónicas, entre otras-, lo que ayer llevó al Ejecutivo de José Montilla a lanzar otra enérgica protesta. El consejero de Gobernación, Joan Puigcercós, ayer en funciones de portavoz del Ejecutivo, advirtió del "grave incumplimiento" que supondría que dichas transferencias no pudieran materializarse antes del final de la legislatura. Descartada ya la fecha del 27 de diciembre, el Ejecutivo catalán espera ahora que la reunión pueda convocarse para antes del 14 de enero, fecha en que está prevista la disolución de las Cortes como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales. "No nos vale la excusa de que se acercan elecciones; el Gobierno central debe trabajar hasta el último día para cumplir sus compromisos", afirmó Puigcercós.

El pesimismo en el Gobierno catalán tiene diferentes grados. Mientras que en el entorno del presidente Montilla se aseguraba ayer que "algo se está moviendo" para poder convocar la reunión y efectuar los traspasos, en medios de Esquerra Republicana e Iniciativa nada invitaba al optimismo. "Si se hace la reunión será sólo en clave de campaña electoral para Zapatero, y por ahí no pasaremos", aseguró un dirigente de ERC. El propio Puigcercós reiteró en público que el Gobierno catalán no asistirá al encuentro "si no hay acuerdos sólidos que firmar". Hasta llegó a amenazar con acudir al Tribunal Constitucional si la reunión de la comisión bilateral no se produce antes del 14 de enero, medida que, por otra parte, descartaron por completo fuentes de Presidencia.

En la reunión de ayer del Consell Executiu, Esquerra e Iniciativa pidieron a Montilla que incremente la presión sobre el Gobierno central. Tampoco hizo falta insistir mucho. "Los socialistas ya saben lo que se juegan con todo esto", afirmaron fuentes de ERC.

Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas se negaron ayer a poner fecha a la reunión. "Se está negociando todo", dijeron como única respuesta.

El Gobierno también aprobó ayer la creación del Observatorio del Civismo. Este órgano consultivo pretende sentar una base común para las ordenanzas de civismo de los municipios catalanes. La disparidad de criterios entre unas y otras ha obligado a crear este organismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de diciembre de 2007