El CTESC pide que la ley eléctrica fije las compensaciones económicas

Más claridad sobre quién y cómo se deben exigir responsabilidades a las compañías eléctricas, mano dura a la hora de controlar las labores de mantenimiento y un capítulo que concrete el régimen de compensaciones económicas que deben recibir los usuarios en caso de deficiencias en el servicio. Éstas son las principales medidas que debería incorporar el proyecto de ley de calidad del suministro eléctrico de la Generalitat, según el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC).

La patronal Fomento pide que se valore el coste de la norma

Este órgano consultivo, formado por empresarios, sindicatos y académicos para evaluar las normas que elabora el Gobierno catalán en materia socioeconómica, aprobó ayer el dictamen de la ley sobre el suministro eléctrico, cuyo contenido se hizo público este verano, en plena polémica por el grave apagón que sufrieron 350.000 abonados de Barcelona el pasado mes de julio. El CTESC cree que "los episodios sufridos en los últimos años por una cantidad importante de usuarios en Cataluña, así como los riesgos potenciales que pueden presentar las redes de distribución, justifican plenamente esta intervención", pero lanza varias observaciones al proyecto legislativo:

- El consejo, presidido por Mercè Sala, advierte de que el proyecto de ley no va acompañado de los estudios de viabilidad y por ello resulta difícil evaluar la "ideoneidad" de la norma, cuyos objetivos son compartidos por el CTESC, y las medidas que se articulan para conseguirlos. El organismo recomienda que se tengan en cuenta las interacciones del debate tarifario en un sector regulador a nivel estatal y las implicaciones que comporta la aplicación de la ley.

- La ley debería controlar más las tareas de mantenimiento por parte de las empresas distribuidoras, muchas de las cuales se externalizan a empresas ajenas, y contemplar ámbitos de negociación con las empresas y los sindicatos.

- El CTESC también echa en falta un proceso de amplio debate social y político que permita compartir el diagnóstico sobre la situación del servicio eléctrico.

- El proyecto no establece con claridad cuál es el organismo de la Administración competente para exigir el cumplimiento de las obligaciones de las empresas distribuidoras ni para sancionarlas, lo que limita la aplicabilidad de sus contenidos.

- El CTESC también considera que el proyecto debería incluir un capítulo donde se regule un régimen de compensaciones económicas aplicable de oficio para las empresas distribuidoras en caso de interrupción grave del suministro, aparte de las reclamaciones e indemnizaciones por daños y perjuicios que los clientes puedan solicitar.

La falta de un estudio de viabilidad ha llevado a la patronal Fomento del Trabajo a formular un voto particular. La patronal catalana tampoco comparte uno de los puntos del dictamen, el que señala que una parte "importante" de las carencias en el suministro eléctrico derivan de la pérdida de control por parte de las empresas distribuidoras de las labores de mantenimiento debido a su externalización.

Fomento del Trabajo ha rechazado esta observación porque considera que la obligación de disponer de personal propio para estos trabajos "lesiona" el principio de libertad de empresa.

La Generalitat aprobó el pasado 25 de septiembre el proyecto de ley de garantía y calidad del suministro eléctrico, que reduce el tiempo en que una compañía eléctrica tiene para reponer el servicio a cuatro horas para las zonas urbanas y establece que todos los abonados tendrán que recibir servicio eléctrico por más de una subestación.

El anteproyecto también incrementa el número de subestaciones y las conexiones entre ellas, ya que en este momento más de la mitad de los clientes de suministro eléctrico en Cataluña dependen de una única subestación y, por tanto, si ésta falla, se quedan sin servicio.

Según el texto, las empresas tendrán dos años para adaptar sus instalaciones a la nueva ley.