Francia contra ETA

Los enemigos de la democracia española son los enemigos de Francia, dijo Sarkozy el sábado pasado, y cuatro días después, el rey de España ha tenido ocasión de agradecérselo en directo en el Elíseo. Antes, Zapatero había adelantado que entre los acuerdos alcanzados con el presidente francés figuraba un más intenso despliegue policial y nuevas modalidades de cooperación, incluyendo la creación de una unidad conjunta permanente.

La detención, a los cuatro días del doble asesinato de Capbreton, de dos de los tres autores fue el resultado de una amplia operación policial francesa, con participación de 1.500 agentes. No siempre habrá tanta suerte, pero es evidente que la eficacia policial está muy relacionada con el número de efectivos movilizados.

La detención puso de relieve también la debilidad de ETA, y especialmente que, en momentos de fuerte presión policial y judicial contra la banda y sus cómplices en España, el sur de Francia no es ya el refugio que fue. Esa debilidad organizativa no significa que no pueda causar daño, pero sí que no es verosímil que pueda mantener ofensivas desestabilizadoras de largo alcance como la que siguió al final de la tregua de 1998-1999.

Por eso reincide, como en otros momentos de debilidad organizativa, en buscar pretextos sociales para justificar el mantenimiento de la lucha armada; el pretexto vuelve a ser ecológico y de nuevo en contra de lo que inicialmente fue una reivindicación primordialmente nacionalista: la Y ferroviaria, conexión por alta velocidad entre las tres capitales vascas, como antes fue contra la autonomía energética (Lemóniz) y luego contra la comunicación con Navarra (Leizarán).

Tras la ruptura de la tregua, el Gobierno parece decidido a no dar respiro a la banda y a su entorno, aplicando cuantas medidas permita la ley. Pero esa presión tendría un efecto limitado si las autoridades francesas no la acompañaran. El presidente Sarkozy, que fue ministro del Interior, ha dado todas las garantías y comenzado a actuar en consecuencia.

La eficacia de la actuación antiterrorista del Estado democrático requiere también de la deslegitimación del mundo etarra por parte del nacionalismo vasco, como proponía Imaz. Sin embargo, su reacción ante la condena del entramado civil de ETA (sumario 18/98) -cuya sentencia se conocerá el 19- ha sido deslegitimarla por adelantado con el rutinario argumento de que así no se arregla el problema; como si la impunidad de los cooperadores de la banda sí lo arreglase.

Y la reacción del Gobierno de Ibarretxe ante la admisión a trámite por el Tribunal de Estrasburgo del recurso de Batasuna contra su ilegalización ha sido reiterar que "las ideas no se ilegalizan". Pero ese tribunal avaló en 2001 la ilegalización de un partido turco (Refah Partisi) por no haberse "distanciado de los militantes que han aprobado públicamente la posibilidad de utilizar la fuerza contra los políticos que se opongan a ellos".