Cerradas dos residencias de mayores por graves deficiencias sanitarias

El primero ya tenía una orden de cierre cautelar por malos tratos desde junio, ahora confirmada. El edificio, vacío desde hace meses, está en alquiler. La administradora de la residencia, María Antonietta Corradi, "debe un año de cuotas", explicaba ayer la inmobiliaria propietaria del inmueble. El segundo centro, propiedad de María Rosa Sánchez, conocía desde agosto la amenaza de cierre, cuando se realizó la última inspección, que no superó. "Desde entonces no han contestado. Por eso hemos decidido el cierre definitivo", explica una portavoz regional.

El mal estado de las habitaciones, los aseos, la ropa de cama o los comedores, y el personal escaso y no cualificado (familiares de los residentes hablan de dos a tres personas para cuidar a 65 ancianos) son algunos de los motivos que han llevado al cierre de San Eduardo. En su puerta, el abogado de María Rosa Sánchez afirmaba conocer "los verdaderos motivos del cierre". Sin embargo, no quiso desvelarlos. Con halo de misterio, el letrado no dejó, "por orden" de su clienta, que los periodistas visitasen las instalaciones para comprobar la veracidad de lo denunciado.

Dentro del recinto sólo entraron familiares que llegaban poco a poco a la residencia, preocupados por lo difundido a través de los medios de comunicación. Había opiniones opuestas. Desde los que aseguraban que la calidad era buena hasta los que pensaban justo lo contrario. Entre los primeros, los que aún confían en el asilo, coincidía, o bien que hace pocos meses que tienen a sus mayores viviendo en San Eduardo, o bien que los visitan apenas una vez al mes. Sin embargo, las mayores quejas venían de aquellos que hacía más años que tienen a sus familiares en la residencia o que los habían tenido en el pasado. "No puedes imaginar la diferencia que hay entre venir un fin de semana y venir hoy", decía un familiar tras visitar a su madre. Dentro, aseguraba, reinaba el desorden, la suciedad y el descontrol. Por poco tiempo. Un inspector de Asuntos Sociales vigilará la residencia hasta el cierre, que una portavoz da por seguro: "La residencia se va a cerrar. La decisión es firme. Las irregularidades son muy graves. Informaremos a los familiares".