Altea no puede pagar los servicios a las urbanizaciones que autorizó

El Ayuntamiento de Altea ha engordado sus arcas municipales desde los años setenta con los impuestos procedentes de los residentes en las decenas de urbanizaciones que autorizó en el extrarradio del casco urbano. Sin embargo, el Consistorio no ofreció nunca a los vecinos las contraprestaciones correspondientes en forma de servicios y mantenimiento de los viales porque oficialmente no ha recepcionado la obra.

Las urbanizaciones lujosas se pagan el asfaltado de calles y la seguridad

El actual equipo de gobierno local, ante las quejas de los residentes por el galopante deterioro de estos enclaves -en su mayoría urbanizaciones con chalés sólo al alcance de personas de un medio y alto poder adquisitivo- anuncia ahora que asumirá la gestión de las urbanizaciones, aunque de manera gradual y sin fijar un plazo para el final del proceso.

Esta localidad del litoral alicantino tiene censados en la actualidad 22.000 habitantes (el 10% extranjeros) más otros tantos residentes esporádicos. Hace 40 años el censo rondaba las 8.000 personas, que vivían en los núcleos urbanos de Altea y Altea la Vella. Gobiernos de todos los signos han autorizado durante las últimas décadas la construcción de decenas de urbanizaciones que han llenado de cemento todo el litoral hasta la sierra de Bérnia y el Mascarat. Ni siquiera existe un censo de urbanizaciones controlado por el departamento de Urbanismo. Administrativamente el constructor de un plan parcial está obligado a realizar la cesión oficial al Consistorio una vez lo ha finalizado. En ese momento los viales e infraestructuras dejan de ser privados y pasan a ser responsabilidad municipal. Los vecinos pagan impuestos y el Ayuntamiento les ofrece a cambio los servicios. Sin embargo, en Altea no es así: los vecinos pagan los impuestos, pero sin recibir nada a cambio. El Ayuntamiento tan solo es responsable del casco urbano, y en las urbanizaciones unos 15.000 habitantes viven en calles que todavía son privadas. En los accesos están los buzones numerados para correos y los contenedores de reciclaje, a los que deben desplazarse en coche, en ocasiones desde kilómetros de distancia. La empresa Aquagest, concesionaria del suministro de agua en Altea, tampoco ofrece servicio, y los usuarios adquieren el líquido a otras empresas privadas.

En Altea Hills, una de las urbanizaciones más antiguas de la ciudad y con propietarios de mayor poder adquisitivo, se ha creado una "entidad de conservación", que se encarga de mantener las calles en buen estado, cuidar los jardines, reparar el alumbrado y garantizar la seguridad. El coste corre a cargo de los propietarios. Pero las urbanizaciones más humildes no cuentan con este servicio y la dejadez las ha llevado a situaciones preocupantes: kilómetros de calles por asfaltar, alumbrado por renovar, redes de saneamiento obsoletas. Según la portavoz del Gobierno y concejal de Urbanismo, Verónica López, de las decenas de urbanizaciones en la última década tan solo se han recibido dos por parte del Consistorio. "Vamos a establecer un calendario de entrega de las urbanizaciones. Estudiaremos cada caso y se hará por prioridades. La situación es muy difícil", explica.

El nuevo Gobierno de Altea trata de regular la situación, y elaborar ese calendario de recepciones. El principal problema es el económico, al tener que asumir de repente el 70% de la trama urbana, que además, por la dejadez de los anteriores responsables políticos, está en avanzado estado de deterioro. En lugar de tener una situación económica brillante, los ingresos procedentes de dar miles de licencias durante estas cuatro décadas "se han esfumado", señala López. De hecho, el Gobierno ha encargado una auditoría para averiguar la situación económica heredada del PP, y tiene en marcha un plan económico-financiero de saneamiento.

Ante esta situación, la solución fácil pasa por recurrir al urbanismo de nuevo para obtener recursos. El proyecto más complejo en el que están inmersos los promotores en Altea es el plan parcial los Puentes del Algar, 6.000 viviendas junto al río, campo de golf y varias zonas comerciales. El actual gobierno y el Bloc se oponen a su ejecución, pero la empresa promotora, del Grupo Ballester, anticipó al anterior gobierno 7 millones de euros que ya están gastados. El Consistorio ha dado los primeros pasos para redactar un nuevo planeamiento que ponga orden en el caos. Entre las posibilidades, se baraja trasladar el aprovechamiento del PAI del río a las zonas de interior, pero López advierte de que el suelo disponible para construir está casi agotado y las dotaciones que corresponden al municipio por nuevos sectores están comprometidas por anteriores gobiernos por deudas a promotores.